De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Por la omisión de actuación de las autoridades municipales y
estatales en el linchamiento de dos hermanos por pobladores de Ajalpan, Puebla,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación
78/2017 al Gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y a los integrantes
del Ayuntamiento de ese municipio.
El 19 de octubre de 2015, ambos hermanos, que laboraban en
una empresa encuestadora, realizaban un estudio de los hábitos de compra y
consumo de tortilla de maíz en el municipio de Ajalpan; esta actividad resultó
sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron la presencia de la
Policía Municipal.
La actitud de los pobladores se tornó violenta, manifestando
su intención en lincharlos, por lo que los jóvenes fueron trasladados en una
patrulla a la comandancia que se encuentra en el Palacio Municipal, a la espera
del arribo del supervisor de la compañía.
Se esparció el rumor de que se trataban de “secuestradores
de niños”, por lo que la turba ingresó a la comandancia en busca de los
agraviados, quienes fueron llevados por los policías a la azotea, hasta donde
llegaron los pobladores que los bajaron para golpearlos y, finalmente,
prenderles fuego.
En el evento también resultaron policías lesionados, robo de
armamento oficial y daños a la presidencia municipal.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio a conocer
que en el sitio donde dos jóvenes encuestadores fueron linchados en Ajalpan,
Puebla, se encontraron dos credenciales y que en una de ellas aparece el
logotipo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.
La SEP local aseguró que ninguno de ellos era estudiante de
esta institución y que, además, la credencial es falsa.
En un comunicado, la SEP de Hidalgo precisó que dichas
credenciales fueron revisadas por el Departamento de Servicios Escolares de la
UTec, quien determinó que ninguno de los nombres –los hermanos Rey David y José
Abraham Copado Medina- corresponden a alumnos matriculados en la Universidad.
José Abraham y Rey David tenían una semana trabajando como
encuestadores, dijo su hermano Felipe Copado, quien señaló que la tarde del
domingo pasado llegaron a Ajalpan para reunir información sobre la tortilla
procesada.
Los dos encuestadores de la empresa Marketing Research &
Services, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de
mercado (AMAI) y el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE).
El comunicado de la CNDH señala que al día siguiente del
linchamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de
oficio el expediente 6531/2015 por tales hechos. El 5 de noviembre de 2015 se
publicó en un periódico de circulación nacional la nota titulada “Familia de
linchados en Ajalpan demandará a gobierno de Puebla”, en la que se dio a
conocer que los familiares de los agraviados presentarían queja ante la CNDH
por la omisión del Gobierno Estatal en brindar seguridad a las víctimas y la
falta de indemnización.
En razón de la trascendencia del hecho, este Organismo
Nacional ejerció la facultad de atracción, radicando el expediente de queja
CNDH/2/2015/9193/Q. Tras concluir su investigación, constató la omisión de la
autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública
de municipios aledaños y a la Policía Estatal, desde el momento en que se tuvo
conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de
la comandancia para linchar a los dos hombres.
Además de no adoptar a tiempo las medidas necesarias y
pertinentes para la protección de las víctimas, permitiendo el ingreso y permanencia
en las instalaciones municipales de personas que alteraron el orden público, lo
que trajo como resultado la pérdida de dos vidas, también se acreditó la
actuación omisa del Presidente Municipal de Ajalpan, quien fue enterado
oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del
lugar se presentó cuatro horas después.
Se documentó que al arribo de la Policía Estatal a la
Presidencia de Ajalpan, uno de los jóvenes se encontraba con vida, y al ser
agredidos y replegados por la multitud, los elementos estatales no realizaron
mayores acciones para el rescate de la víctima.
Este hecho también fue del conocimiento de un delegado
distrital de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, sin que
diera cumplimiento a las disposiciones del «Protocolo para la búsqueda de
soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos».
La CNDH advirtió que eventos de linchamientos anteriores
eran del conocimiento del Ayuntamiento de Ajalpan y de las Secretarías de
Seguridad Pública y General de Gobierno del Estado, como integrantes del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que de acuerdo a información oficial en
los últimos cuatro años se reportaron en el estado de Puebla 16 linchamientos,
en los cuales se rescató con vida a 21 personas y 6 más fallecieron.
Pese a ello, ninguna de esas autoridades adoptó medidas para
su prevención o protocolos de actuación para evitar la consumación del hecho, a
pesar de que contaban con antecedentes y suficiente información de tal índole, lo
cual acredita la responsabilidad por falta de prevención y protección en casos
de linchamientos.
La Comisión Nacional encontró que, con la omisión de
actuación de las autoridades, en ese linchamiento se violaron los derechos
humanos a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas.
Por ello, la CNDH pide al Gobernador de Puebla y al
Ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las
víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan en lo
conducente a la reparación integral del daño; colaborar con el seguimiento de
las denuncias y quejas que se presenten ante la Secretaría General del Congreso
del Estado, la Fiscalía General, la Secretaría de la Contraloría, la Dirección
de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría
Municipal de Ajalpan, contra los servidores públicos que intervinieron en los
hechos.
Llevar a cabo el estudio, actualización y publicación del
“Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de
los derechos”, y del Bando de Policía y Gobierno de Ajalpan.
Realizar un Diagnóstico de la Operatividad del Centro
Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia del
Estado, y ejecutar las propuestas que del mismo se deriven. Capacitar en
materia de derechos humanos y mediación a funcionarios municipales y estatales,
a partir del estudio de casos de linchamiento. Efectuar dos jornadas de cultura
de la legalidad y justicia, para lo cual se deberán hacer partícipes a los
medios de comunicación.
De manera particular, se recomienda al Gobernador del Estado
constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de
los hijos de una de las víctimas, incluyendo la entrega de uniformes y útiles
escolares.
En coordinación con el Congreso del Estado, iniciar los
trabajos legislativos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para
el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, la publicación de su
Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión
Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.
La Comisión Nacional estima pertinente dar vista de esta
Recomendación a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para que en
el marco de sus atribuciones se adopten acciones y medidas para prevenir casos
de linchamientos, protocolos de actuación para las instancias de seguridad
pública y la capacitación de servidores públicos en el diálogo y la mediación
ante este tipo de eventos.
Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus
destinatarios, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.
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