De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Condena en Washington la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el
asesinato del periodista Elidio Ramos Zárate, ocurrido el 19 de junio en la
localidad de Juchitán, estado de Oaxaca, México.
Insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta
y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los
responsables.
De acuerdo a la información disponible, el reportero recibió
dos balazos a quemarropa en la cabeza por parte de desconocidos mientras cubría
una protesta de maestros en el sur de Oaxaca y murió en el lugar.
Ese mismo fin de semana, otras 6 personas más perdieron la
vida sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura de Asunción Nochixtlán,
durante enfrentamientos de policías federales, estatales y municipales contra
miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ramos Zárate cubría la sección “policiaca” del periódico El
sur del Istmo y supuestamente había recibido amenazas para que no escribiera
sobre actos violentos. Al momento de ser asesinado se encontraba en la
cobertura de disturbios y bloqueos que mantienen profesores de Juchitán.
Este es el sexto asesinato de un periodista en México
ocurrido este año: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista en la
localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca; el 9 de febrero Anabel
Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla; el 20 de febrero fue
encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco;
el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, estado de
Guerrero y el 14 de mayo falleció de un disparo en la cabeza el periodista
Manuel Torres González en la localidad de Poza Rica, estado de Veracruz.
La Relatoría manifiesta especial preocupación por la
reiteración de este tipo de actos violentos contra periodistas y trabajadores
de los medios de comunicación en México.
En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país
presuntamente por el ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se
registraron seis casos.
El estado de Oaxaca ha sido uno de los más violentos para
los periodistas de ese país en los últimos años. El Estado mexicano informó que
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una investigación sobre estos
hechos.
El Informe sobre Manifestaciones Públicas como Ejercicio de
la Libertad de Expresión y la Libertad de Reunión considera que "[e]n
relación con los periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando su
labor en el marco de una manifestación pública, la Relatoría entiende que éstos
no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra
limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus
herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe
impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se
pongan en riesgo los derechos de terceros".
La Relatoría Especial considera que en el presente caso se
debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción
de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato
por las autoridades federales.
Asimismo, estima esencial que se consolide el Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se
fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las
autoridades federales y los distintos niveles de gobierno para asegurar la
adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada".
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