De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Devolverá al Senado el Presidente Enrique Peña Nieto, en
ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a leyes
aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, para su
análisis el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y otros 15 relacionados.
Con la convicción de que las críticas a estos artículos han
señalado un problema real a la operatividad del sistema nacional y que esta
medida resulta contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución,
se informó el jueves 24 de junio en un comunicado de la Residencia Presidencial
Lo Pinos.
Estos artículos señalan que todo particular, sea un
individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con
cualquier instancia del Gobierno debe presentar sus declaraciones
patrimoniales.
Lo que representa dar a conocer a la autoridad todo su
patrimonio. Además señala que todas las personas que trabajan en una empresa
que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una
empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar
estas declaraciones.
Modificaciones
El Gobierno de la República ha escuchado con atención las
voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema
nacional anticorrupción ya que sería imposible procesar millones y millones de
declaraciones; también inhibiría a los particulares de prestar servicios o
vender productos a gobiernos.
Lo más importante afectaría a personas que no están
vinculadas con contrataciones como beneficiarios del Programa Prospera o los
becarios del CONACYT, entre otros.
Con la convicción de que las críticas a estos artículos han
señalado un problema real a la operatividad del sistema nacional y que esta
medida resulta contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución,
al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos
personales de los mexicanos e incluso extranjeros que no viven en el país, el
Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el
sistema nacional anticorrupción.
"Esto de ninguna manera disminuye la capacidad de las
autoridades para investigar y sancionar aquellos particulares que actúen de
forma irregular ante el Estado".
Sistema Nacional Anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción prevé herramientas
novedosas y útiles para dicho propósito, como por ejemplo la manifestación caso
por caso y contratación por contratación de no estar el particular frente a un
conflicto de interés y las penas en que incurrirían por actos de corrupción que
van desde sanciones económicas hasta la disolución de las empresas, y en su
caso, penas de prisión.
Las observaciones parciales que se formulan tienen como
objetivo fundamental colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las
instituciones y garantizar que todas las normas que se aprueben se apeguen a la
Constitución.
Con el objetivo de no retrasar la vigencia del nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción, el Presidente de la República hoy mismo solicitará que
se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
"El Sistema Anticorrupción es de los ciudadanos y para
los ciudadanos. Su objetivo primordial es proteger su derecho a que los
recursos que aportan a través de sus impuestos se usen de la mejor manera
posible".
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