De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Recuerda la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) en Washington, al conmemorar el Día Internacional de la Niña, que
existen múltiples problemáticas en la región que dificultan a diario el
ejercicio pleno de los derechos para las niñas y las adolescentes.
La magnitud y las consecuencias de estas problemáticas en
muchos casos siguen siendo poco analizadas y conocidas, insuficientemente
atendidas, e incluso aceptadas como normales por la sociedad.
La CIDH hace un llamado a los países de la región a que
presten mayor atención a los diversos retos que enfrentan las niñas y las
adolescentes.
Para ello exhorta a los Estados a que fortalezcan la
perspectiva de género en el funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Protección
de la Niñez y a que consulten directamente y de forma periódica a las niñas y a
las adolescentes sobre su realidad y sus propuestas para mejorar sus
circunstancias, empoderándolas y haciéndolas partícipes del diseño de políticas
públicas para garantizar sus derechos.
El contexto en el cual crecen las niñas y las adolescentes
en nuestra región está profundamente marcado por la violencia y la
discriminación contra ellas.
Un alarmante número de niñas y adolescentes son víctimas de
abusos, acoso, violencia física, psicológica y sexual, explotación y
negligencia, en muchos casos por parte de personas cercanas a ellas como
familiares, vecinos, conocidos, profesores y compañeros.
La violencia contra ellas y las dificultades en el ejercicio
de sus derechos están íntimamente vinculadas con las condiciones de
discriminación estructural hacia las mujeres y por los estereotipos de género
presentes en todos los países del hemisferio.
La violencia sexual es una de las formas de violencia más
graves debido a que atenta contra la dignidad de las niñas y las adolescentes e
impacta de forma severa en su vida, integridad física, psicológica y en su desarrollo
personal.
Esta forma de violencia tiene efectos en la salud
reproductiva y frecuentemente resulta en embarazos no deseados y de alto
riesgo, en abortos ilegales e inseguros e incrementa el riesgo de enfermedades
de transmisión sexual.
Los niveles de prevalencia de la violencia sexual en la
región son abrumadores, con países con algunas de las cifras más elevadas a
nivel mundial, siendo las principales víctimas las niñas y las adolescentes,
quienes representan un promedio de entre el 70% y el 80% de todos los casos de
violencia sexual que son denunciados.
Las cifras sin embargo no reflejan la magnitud de la
problemática dado que existe un importante subregistro de los casos de
violencia sexual contra las niñas y las adolescentes debido a la falta de
denuncia a causa del estigma asociado con esta forma de violencia, por
desconocimiento, por temores o engaños, por ser usualmente el agresor un
familiar o una persona cercana o con una relación de superioridad con la
víctima, o debido a presiones de los familiares.
Existen además barreras estructurales para el acceso a la
justicia para las niñas debido, entre otros motivos, a la carencia de servicios
de asesoría legal gratuita para el tratamiento de sus casos, por el hecho que
en algunos países se establecen limitaciones a quien puede interponer la
denuncia, y por los plazos de prescripción de este tipo de delitos.
Para la CIDH es motivo de profunda preocupación el reducido
número de casos que son efectivamente investigados, enjuiciados y sentenciados,
lo cual contribuye a que la violencia contra las niñas siga proliferando.
Algunas legislaciones no han regulado correctamente algunos
de los tipos penales, como por ejemplo el delito de trata con fines de
explotación sexual, ni los protocolos de investigación de dichos delitos.
Es fundamental además adaptar los procedimientos para no
re-victimizar a las niñas y las adolescentes, así como facilitar el acceso a
servicios integrales de apoyo que incluyan asesoría legal y la atención médica
necesaria y adaptada.
En lo tocante al acceso a los servicios médicos para las
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, la CIDH ha recibido
información preocupante sobre la ausencia de protocolos adecuados para la
interrupción legal de los embarazos resultado de violencia sexual en niñas, lo
cual lleva a que se desarrollen
embarazos indeseados y de alto riesgo para la vida, especialmente cuando se
trata de niñas de corta edad.
En el marco de las estrategias para enfrentar la violencia y
la discriminación es fundamental empoderar a las niñas y a las adolescentes en
el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Entre las medidas debe
considerarse el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, y
a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes.
Un alto número de adolescentes no cuentan con el acceso a la
información y a los servicios en materia de salud sexual y reproductiva, de
manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible para que puedan evitar el
embarazo precoz o no deseado, prevenir el contagio de enfermedades de
transmisión sexual, y ejercer su derecho a decidir si desean entrar en una relación
de pareja y con quien.
La iniciación temprana a la actividad sexual de las
adolescentes sin una adecuada información sobre su salud sexual y reproductiva
resulta en muchos casos en embarazos no deseados, con riesgos para la salud, o
en abortos ilegales e inseguros.
En los casos de embarazos, frecuentemente las presiones
familiares y sociales empujan a las adolescentes a matrimonios o a uniones
precoces con impactos en sus oportunidades de desarrollo personal, educativo,
profesional, y de tomar decisiones importantes sobre sus vidas, lo cual las
hace más vulnerables.
Las niñas y las adolescentes embarazadas son todavía
discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases
durante su embarazo.
En la región, las niñas y las adolescentes provenientes de
familias de muy escasos recursos económicos o de grupos tradicionalmente
excluidos y discriminados todavía enfrentan dificultades en la vigencia de su
derecho a la educación, acceden solo a los niveles educativos básicos o bien
abandonan los estudios porque deben colaborar con las tareas en el hogar, en el
cuidado de familiares o en la obtención de recursos económicos para la familia.
Los problemas de acceso y permanencia en el sistema
educativo en los diversos niveles perpetúan la situación de vulnerabilidad en
el ejercicio de los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres
en la región, así como su dependencia de otros. El nivel educativo tiene una
influencia determinante en las oportunidades de acceso a un empleo formal en el
futuro, y por tanto al acceso de recursos económicos para llevar una vida
digna, autónoma, y permitir el ejercicio de otros derechos.
Las niñas y las adolescentes son también víctimas de
explotación laboral e inclusive de formas modernas de esclavitud. En la región,
uno de los fenómenos preocupantes y que tiene todavía implantación y aceptación
social es el trabajo doméstico de niñas y adolescentes.
De acuerdo con la información recibida por la CIDH, existe
un alto número de niñas realizando trabajo infantil para contribuir a la
economía familiar, en particular como empleadas domésticas, lo cual les
dificulta el ejercicio de una serie de derechos, entre ellos su derecho a la
educación, a pesar que muchas familias envían a sus hijas como empleadas
domésticas a las ciudades en la creencia que tendrán un mejor acceso a la
educación.
Esta condición también las expone a malos tratos, abusos,
violencia, negligencia y explotación, facilitado todo ello por la vulnerabilidad
producida por la distancia y la falta de contacto habitual con su familia y el
limitado contacto con personas de confianza de la niña. Un porcentaje alto de
víctimas de trata tienen como antecedente el trabajo doméstico desde temprana
edad.
Las niñas y las adolescentes con discapacidad, o de grupos
indígenas, afrodescendientes, migrantes, así como de grupos tradicionalmente
excluidos y discriminados, enfrentan mayor discriminación y obstáculos para
acceder al ejercicio de sus derechos, tales como la educación, la salud, la
cultura, y la participación social, y suelen ser más vulnerables a ser víctimas
de diversas formas de violencia y de explotación, sexual y laboral.
Los motivos radican en pertenecer a grupos tradicionalmente
excluidos y discriminados, respecto a los cuales el Estado no ha tomado medidas
adecuadas para garantizar un efectivo goce y ejercicio de sus derechos en
igualdad de condiciones y oportunidades.
La CIDH urge a los Estados a que pongan en marcha las
medidas de todo tipo que sean necesarias para romper el círculo de tolerancia e
impunidad hacia la violencia y discriminación contra las niñas y las
adolescentes, que tome en consideración su empoderamiento, y refuerce los
servicios locales de protección de la niñez que puedan identificar
tempranamente los riesgos y las violaciones, y responder adecuadamente.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la
observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo
de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que
son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no
representan a sus países de origen o residencia.
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