Por Laura QUIÑONES
Periodista de nuestra asociada RNU
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Una madre Rohingya sostiene a
su
hijo que llora en el campamento
de Kutupalong, en Bangladesh.
Foto: OIM/Muse Mohammed
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Más de 500.000 personas han llegado a la región de Cox Bazar
huyendo de la violencia en Myanmar. La OIM necesita el financiamiento para
responder a la grave situación humanitaria, que UNICEF y la Oficina de
Coordinación Humanitaria (OCHA) califican como una tragedia humana
"impactante" por su escala, complejidad y rapidez.
Tras visitar Bangladesh, los responsables de estas agencias,
Mark Lowcock y Anthony Lake, aseguraron que la gente llega atemorizada,
exhausta y hambrienta.
Los funcionarios elogiaron el espíritu de generosidad del
gobierno y el pueblo de Bangladesh al abrir sus fronteras y ofrecer su apoyo a
los refugiados que han llegado con poco o nada a unirse a las 300.000 personas
que ya habían huido en olas anteriores de desplazamiento.
La OIM, a petición de las autoridades de ese país, encabeza
el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que coordina la respuesta
humanitaria a la afluencia de familias Rohingya.
Mientras tanto, expertos en Derechos Humanos de la ONU
aseguran que los abusos cometidos contra estas personas pueden constituir
crímenes contra la Humanidad.
El Comité para la eliminación de la Discriminación contra la
Mujer y el de los Derechos del Niño han pedido al gobierno de Myanmar que cese
de inmediato la violencia en el Estado de Rakhine y que investigue y lleve ante
los tribunales los casos de violencia contra las mujeres y los niños.
Los expertos aseguran que se han cometido serios abusos a
los derechos humanos, incluyendo asesinatos, violación, y desplazamiento
forzado.
“Estas violaciones pueden constituir crímenes contra la
humanidad y estamos profundamente preocupados por el hecho de que el Estado no
haya podido poner fin a estos actos atroces cometidos por las fuerzas militares
y de seguridad, en los que las mujeres y los niños llevan la peor parte",
expresaron en un comunicado emitido este miércoles.
Los comités pidieron al gobierno de Myanmar que se les
concediera acceso al país para garantizar la plena rendición de cuentas, así
como que colaborara con la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
para llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes.
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