De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Condena en Washington la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el
asesinato del periodista Israel Gonçalves Silva, ocurrido el 10 de noviembre en
Lagoa de Itaenga, en el estado de Pernambuco. La Relatoría Especial expresa su
preocupación e insta a las autoridades brasileñas a actuar con prontitud y
diligencia para aclarar los motivos del asesinato e identificar y sancionar a
los responsables.
De acuerdo con la información disponible, Silva fue asesinado
a balazos dentro de una tienda en el centro de la ciudad. El periodista tenía
un programa diario llamado "Microfone Aberto" en la radio comunitaria
Itaenga FM, y también era guardia municipal. La información indica que durante
su programa el 9 de noviembre, Silva habría denunciado las amenazas sufridas.
Dos sospechosos habrían cometido el crimen.
La Secretaría de Defensa Social ordenó a la Jefatura de la
Policía Civil que designe un delegado especial para la investigación del
asesinato del periodista radial y "encomendó a la dirección general de la
Policía Científica que se comprometa a realizar de manera completa y rápida los
peritajes necesarios".
Este es el quinto asesinato de un comunicador en Brasil en
lo que va de este año, luego de los crímenes de Gleydson Carvalho en Ceará,
Djalma Santos da Conceição en Bahía, Evany José Metzker en Minas Gerais y
Gerardo Servián en Mato Grosso do Sul. Esta situación genera una gran
preocupación a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
La Relatoría Especial recuerda la importancia de tres
obligaciones positivas que emanan de los derechos a la vida, a la integridad
personal y a la libertad de expresión: prevenir, proteger e investigar, juzgar
y sancionar penalmente a los responsables de esos crímenes. Cuando en un país
determinado existe una situación estructural sistemática y grave de violencia
contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, los
Estados deben crear programas especiales de protección para atender a esos
grupos.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado
analice la hipótesis que establece que la causa de este crimen está vinculada
al ejercicio de su libertad de expresión, y por consiguiente, que identifique,
procese y sancione a los responsables, además de adoptar medidas de reparación
justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste en la
necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como
de asegurar la inclusión efectiva de quien se encuentre amenazado por su
actividad periodística en mecanismos de protección destinados a garantizar su
integridad.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada".
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