* Los nexos chiapanecos de una ingeniería criminal
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Consignó a un juez la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la averiguación previa por con
presuntos delitos electorales cometidos por Arturo Escobar y Vega, ex vocero
del Partido Verde Ecologista de México y ex subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
La noche del miércoles 25 de noviembre, el comunicado 814/15
de la Procuraduría General de la República, detalló que la consignación incluye
a “empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe
prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la LGMDE”.
También se incluyen delitos contemplado en el artículo 7
Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad
administrativa (Instituto Nacional Electoral).
En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo
segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez tiene diez días,
contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la
orden de aprehensión.
Arturo Escobar y Vega y Fernando Castellanos Cal y Mayor,
fueron detenidos a las 12:51 horas del Centro del el 2 de julio de 2009, en el
Aeropuerto de Chiapa de Corzo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por no haber
declarado un millón 100 mil pesos en efectivo que llevaba en una maleta marca
Louis Vuitton.
Castellanos fue premiado con una diputación local para
controlar el Congreso Local, y sus allegados alcanzaron alcaldías en donde
heredaron los cargos al asumir carteras en la gubernatura del verde Manuel
Velasco Coello y proteger en la impunidad a los ediles o funcionarios que
desviaron recursos.
Una ingeniería político-electoral equiparable al modus
operandi del crimen organizado para las elecciones de 2012 y 2015, en beneficio
del comiteco verde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez que se comprobó el desvío de
recursos y el paisano de la madre del gobernador, Leticia Coello, goza de
impunidad.
En declaraciones a la prensa el 4 de julio, primero dijo que
era para pagar a quienes participarían apoyando la cobertura de las elecciones
del 5; luego dijo que su subalterno, Castellanos, lo utilizaría para pagar una
casa y que el dinero era producto de la venta de unos automóviles.
La consignación actual, corresponde a la demanda del PAN en
marzo de 2015, sobre un contrato con una empresa para la elaboración y entrega
indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino por 3 millones 500 mil pesos.
La tarjeta Premia Platino, con la que se ofrecieron
descuentos en más de 8 mil establecimientos, fue entregada en domicilios de
personas no afiliadas al PVEM, antes y durante la campaña, junto con una hoja
con la leyenda "Felicidades, muchas gracias por ser Verde", y el
logotipo de ese partido.
Este delito es castigado de 5 a 15 años de prisión y de mil
a 5 mil días multa, pena que podrá aumentar hasta en una mitad más cuando la
conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.
El juez tiene 10 días para conceder o negar la orden de
aprehensión, o bien, devolver el expediente al Ministerio Público de la Fepade
para su perfeccionamiento.
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