De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Deficiencias, omisiones, retardos sospechosos y negligencia
de los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y de la Procuraduría General de la
República en la investigación de 49 ejecutados, supuestamente migrantes, en la
carretera Monterrey-Reynosa en mayo de 2012, denunció la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió
la Recomendación 8VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida a
la Procuraduría General de la República y a los Gobernadores de Nuevo León y de
Tamaulipas, atribuibles a servidores públicos responsables de la procuración de
justicia, tanto en el ámbito federal, como en el local de ambos Estados, que no
actuaron con la debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes, o
las efectuaron de manera deficiente, para la adecuada investigación de los
homicidios de 49 personas halladas en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Como resultado de la investigación, la CNDH acreditó que los
agentes del ministerio público de la federación y locales, no llevaron a cabo
diligencias para establecer líneas de investigación orientadas a la
participación de los probables responsables de los hechos, además no realizaron
aquellas encaminadas a la búsqueda y localización de posibles testigos, ni
solicitaron pruebas periciales idóneas que el caso requería, entre otras. De
igual manera, se advirtió que personal pericial de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Nuevo León no resguardó adecuadamente el lugar dónde se
hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias
que les realizaron.
Asimismo, la CNDH confirmó la omisión en que incurrieron los
agentes del ministerio público, tanto del ámbito federal como local, para
llevar a cabo diligencias que permitieran obtener información con el fin de
verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen
nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.
Esta Comisión Nacional también comprobó la falta de
celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que ocasionó que
los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas, ya
que en algunos casos pasaron más de 4 años, a pesar de que el personal
ministerial contaba con datos para realizar dichos reconocimientos desde el año
2012.
La CNDH en sus Informes Especiales sobre secuestro de
migrantes en México, de fechas 15 de junio de 2009 y 22 de febrero de 2011,
denunció públicamente la vulnerabilidad de la población migrante al transitar
por zonas catalogadas como de alto riesgo, entre las que se mencionó la
carretera libre Monterrey-Reynosa, circunstancia que se hizo del conocimiento
de las autoridades del Estado de Nuevo León para que adoptaran medidas de
investigación, protección y prevención a fin de atender dicha problemática, sin
embargo, fue en esta ruta donde en mayo de 2012 se hallaron a las 49 personas
sin vida, en consecuencia se concluyó en la Recomendación aludida la
responsabilidad del Gobierno de Nuevo León al no haber generado acciones que
permitieran garantizar el derecho a la seguridad ciudadana de esas personas.
También se acreditó que dichas autoridades difundieron públicamente información
carente de veracidad que afectó el honor y la reputación de los familiares de
las víctimas directas.
Por lo anterior, la CNDH considera que fueron vulnerados los
derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, a la
seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas, por lo
cual solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas, a
aquellos familiares de las personas fallecidas que no han sido inscritas, para
que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral; así como que en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas se elabore un peritaje para evaluar a cada familiar afectado y en
consecuencia se le repare el daño integral, tanto de los familiares de las
víctimas que han sido identificadas y las que en su oportunidad se
identifiquen.
Además, se garantice a los familiares participación activa
en las investigaciones y se les brinde la seguridad necesaria para resguardar
su integridad; se atraiga la averiguación previa iniciada por la Procuraduría
General de Justicia de Nuevo León por conexidad con delitos federales, se
continúe con la práctica de diligencias que sean legal y materialmente
necesarias para que en su momento se determine la averiguación previa conforme
a derecho, se colabore en las diligencias para repatriar el cuerpo de una de
las víctimas y corroborar la identidad de otras; capacitar al personal
ministerial sobre acatamiento de disposiciones jurídicas vinculadas con
atención a los derechos humanos y se colabore en los procedimientos
administrativo y penales que se inicien, por la probable responsabilidad en la
que incurrieron los servidores públicos señalados en la Recomendación, así como
que se difundan lineamientos y elaboren protocolos de actuación.
Al Gobernador de Nuevo León se le pide que el procurador
estatal decline la competencia de la averiguación previa en favor de la PGR;
ofrezca disculpa pública a familiares de las víctimas y se publique en dos
medios de comunicación nacionales; se levante un memorial por migrantes
desaparecidos; se capacite a los peritos en procesamientos de indicios, cadena
de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, y en medicina
forense con estándares internacionales; se apoye a la CNDH en la denuncia que
presente ante la Procuraduría del estado para investigar a los servidores
públicos que intervinieron en los hechos, así como en las quejas que presente
ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de dicha Procuraduría.
Al mandatario de Tamaulipas se le solicita colaborar en la
denuncia que la CNDH presentará ante la Procuraduría de esa entidad y la Coordinación
de Asuntos Internos de la misma.
A los dos gobernadores se les pide instruir al
correspondiente titular de las Secretarías de Seguridad Pública para que, en
coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de
Seguridad, realicen diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del
país, particularmente en zonas de alto riesgo para las personas en contexto de
migración, a fin de que se intensifique la vigilancia y se eviten casos como el
presente.
Esta Recomendación que ya fue debidamente notificada a sus
destinatarios puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
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