De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| La burla de Manuel Velasco Coello: Se dice ecologista y pretende robarse un río y a los ancianos los mantiene en postración marginal. Foto de archivo. |
Destaca Chiapas entre 18 Estados con explotación de laboral agrícola
en sus vertientes de servidumbre y trabajo forzado, a 107 años de que inició
oficialmente la Revolución Mexicana, con un gobernador, Manuel Velasco Suárez,
que se dice ecologista en su intento de robarse el río que alimenta Las
Cascadas Azules.
Julieta Fernández Márquez, diputada federal priista
guerrerense y presidente de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, propuso
exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a que incremente
las inspecciones en los centros laborales, con la finalidad de prevenir y
detectar delitos en esta materia.
Indicó que en México, la trata de personas con objeto de
explotación laboral en sus vertientes de servidumbre y trabajo forzado, de
acuerdo con el Diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, afecta principalmente a jóvenes y adultos explotados en el ámbito
agrícola, sector comercial, bares e industria de la construcción.
En su mayoría, pertenecientes a grupos sociales en
condiciones de vulnerabilidad por consideraciones económicas, de género,
étnicas, educativas, familiares y situación migratoria, especialmente hombres y
niños.
A través de un punto de acuerdo que analiza la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Especial Contra la Trata de
Personas, Fernández Márquez relató que las entidades en que se ha logrado
documentar mayor número de personas en situación de trabajo forzado en
industria textil, maquila, mendicidad, trabajo doméstico, construcción,
comercio informal, pirotecnia, entre otras, son Quintana Roo, Chiapas, Tabasco,
Ciudad de México, estado de México, Coahuila, Oaxaca y Campeche y Yucatán.
En el sector agrícola destacan las entidades que reciben
mayor número de jornaleros: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis
Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y
Chiapas.
En las observaciones finales sobre los exámenes periódicos
Cuarto y Quinto consolidados de México del Comité de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas del 18 de junio de 2015, se recomienda al Estado mexicano
en el párrafo 64: fortalecer su sistema de inspección y aplicar de forma
efectiva, en la práctica, sanciones para quienes explotan económicamente y
abusan de niñas y niños, incluidos los que trabajan como mendigos, en el
trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y en la agricultura.
Establece, asimismo, su preocupación por las medidas
adoptadas, insuficientes para abordar el trabajo doméstico, que afecta
especialmente a las niñas, así como la participación de menores en la
agricultura que perjudica sobre todo a infantes de trabajadores agrícolas
migrantes internos.
La diputada Julieta Fernández puntualizó que el Informe
sobre Trata de Personas de 2017 del Departamento de Estado de EU recomienda a
México fortalecer sus esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de
trata de personas y a los tratantes, especialmente a involucrados en estos
delitos con fines de trabajo forzoso.
Sugirió incrementar las inspecciones laborales, pues en el
Informe Anual de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, la
STPS informó que en 2015 realizó 85 en campos agrícolas, para revisar sólo
condiciones de seguridad e higiene de los jornaleros, sin abordar diversas
actividades que pueden implicar trabajo forzoso, que deben ser inspeccionadas
por las autoridades.
Los inspectores del trabajo capacitados pueden jugar un rol
importante para detectar personas que estén en condición de víctimas de trabajo
forzado, a los autores de la trata, y tomar medidas que podrían disminuir la
explotación, tanto al final del ciclo de la trata, cuando las personas estén ya
en situación de víctimas, como al principio, en la fase del reclutamiento, extendiendo
la vigilancia a los reclutadores, como una política de prevención.
Las visitas deben ayudar a revisar los aspectos que
establece la legislación laboral, y solicitar a los centros de trabajo que
acrediten su cumplimiento, mediante la presentación de libros, registros u
otros documentos con los que se compruebe el cumplimiento de las normas, hacer
interrogatorios a los empleados y con ello aplicar el Protocolo de Inspección
para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de trabajo.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en 2016, en el mundo 24.9 millones de personas estuvieron sometidas a
trabajos forzados y 15.4 a matrimonios forzados. Es decir, 40.3 millones de
personas estuvieron sometidas a condiciones consideradas por este organismo de
la Organización de las Naciones Unidas, como formas contemporáneas de
esclavitud.
Además, de 24.9 millones de personas sometidas a trabajo
forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, sobre todo en trabajo
doméstico, la industria de la construcción y agricultura.
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