* Se incrementaron las deportaciones en 29 mil 804
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Aumentó la violación a los derechos humanos de los migrantes
el Programa Integral Frontera Sur (PIFS), denunció la diputada federal capitalina
perredista Maricela Contreras Julián, al proponer que soliciten a a la
Secretaría de Gobernación (Segob) hacer públicos los instrumentos y mecanismos
mediante los cuales continuarán las acciones y objetivos.
En su exhorto, refirió que el informe “Un camino incierto.
Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas
migrantes y refugiados en México”, revela que desde la entrada en vigor del
programa, el número de operativos y verificación migratoria se incrementó de
manera significativa en 73 por ciento, entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil
182 a 27 mil 992, propiciando “mayores violaciones sobre derechos humanos”.
A su vez, continuó, el reporte “Migrantes invisibles,
violencia tangible”, dado a conocer por la Red de Documentación de las
Organizaciones Defensoras de Migrantes, precisa que con la ejecución del
mencionado programa hubo un incremento de 29 mil 804 deportaciones; es decir,
en 2013 se registraron 77 mil 395 migrantes centroamericanos deportados,
mientras que en 2014 un total de 107 mil 199, entre guatemaltecos, hondureños y
salvadoreños.
Dicho reporte, afirmó el punto de acuerdo de Contreras
Julián que analiza la Comisión de Gobernación, destaca que los principales delitos
y violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades mexicanas en contra
de migrantes centroamericanos, están vinculados con robos o ataques a los
derechos de propiedad privada con 76 por ciento, violaciones a la integridad
física con 17 por ciento y a la libertad personal 7 por ciento.
Las instituciones que cometieron más violaciones,
principalmente a la propiedad privada de los migrantes, son: Policía Federal
(41 por ciento), policía municipal (24 por ciento), grupo policiaco
indeterminado (14 por ciento), policía estatal (12 por ciento), agentes del
Instituto Nacional de Migración (6 por ciento), Ejército (1 por ciento) y entre
policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y
la Marina, concentran el 2 por ciento restante.
La diputada Maricela Contreras, integrante de la Comisión de
Derechos Humanos, destacó que, aunado a ese panorama, la nueva configuración
del presupuesto “pone en duda el futuro del Programa Integral Frontera Sur, lo
cual crea incertidumbre sobre las acciones que debe llevar a cabo el gobierno
para atender el fenómeno de los migrantes con una clara vocación de respeto a
sus derechos y de no represión”.
Recordó que con la estructura programática presentada dentro
de la política presupuestal base cero, propuesta por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para 2016, se fusionaron dos de las tres unidades
administrativas en materia de migración en el programa presupuestario
denominado E008 Política y Servicios Migratorios, pertenecientes a la
Secretaría de Gobernación, la Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur y el Instituto Nacional de Migración.
Comentó que el Centro de Análisis e Investigación AC señala
que esa situación puede representar un retroceso en la atención a los
migrantes, pues la estructura programática presentada, lejos de garantizar que
se cumpla lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la
protección de estas personas, vulnera el goce pleno de sus derechos humanos.
El PIFS surgió en un panorama de crisis marcado por el alto
flujo de extranjeros, mayoría centroamericanos en situación irregular, por el
aumento de accidentes en el tren de carga conocido como “La Bestia” y por las
agresiones de grupos criminales contra los migrantes. Entre 2002 y 2014,
detalló, al menos 476 migrantes que fueron mutilados por el tren, perdieron una
pierna, brazos o ambas extremidades, según datos del Instituto Nacional de
Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja en México.
Entre las metas del PIFS se encontraba focalizar acciones y
programas de la frontera sur con 23 municipios limítrofes con Guatemala y
Belice, a través de monitoreo, uso de nuevas tecnologías, patrullajes y
mantenimiento de las vías; rehabilitación de espacios públicos; acciones contra
el crimen para combatir el tráfico y la trata de personas; el fortalecimiento
de las fiscalías para la atención de los migrantes; alojamiento, alimentación y
atención médica primaria en el marco del programa de retorno asistido, entre
otras.
Sin embargo, enfatizó, la aplicación del PIFS ha dado
resultados negativos; por ello, es fundamental que la Segob difunda el destino
que tendrá y las acciones por implantar para atender el fenómeno migratorio que
garantice el pleno respeto de los derechos humanos, puntualizó la diputada del
PRD.
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