De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Acotar los ingresos del sector público para llevarlos a
quienes más lo necesitan, ante el escenario económico adverso que se prevé para
2016, a causa de la caída del precio del petróleo, sugirió la diputada federal
hidrocálida panista, Arlette Ivette Muñoz Cervantes.
La también secretaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, consideró que la minuta que expide la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos debe ponerse sobre la mesa y discutirse.
Indicó que el impulso de un salario digno y la reducción de
las brechas de desigualdad al interior del país deben ser temas prioritarios en
la agenda legislativa del segundo periodo ordinario de sesiones, que inicia el
1 de febrero.
En un comunicado resaltó que, ante el escenario económico
adverso que se prevé para 2016, a causa de la caída del precio del petróleo, es
indispensable acotar los ingresos del sector público para llevarlos a quienes
más lo necesitan.
Precisó que la llamada Ley de Salarios Máximos contribuiría
a crear condiciones de mayor equidad, a partir de los ingresos y al mismo
tiempo canalizar los recursos de esos ajustes para construir un salario digno.
“Un salario digno abonará a que las familias mexicanas
puedan hacer frente al escenario económico adverso previsto para 2016. Es
indispensable que este tema forme parte de la agenda del Congreso para el
segundo periodo de sesiones”, expresó la diputada.
Externó que la Ley de Salarios Máximos es una vía para
alcanzar ese fortalecimiento que ya tuvo un primer paso a partir de la
desindexación del salario mínimo.
“Es prioritario hacer
ajustes que nos permitan establecer mejores ingresos para los trabajadores”,
añadió.
La legisladora explicó que en esta ruta será fundamental la
participación de todos los grupos parlamentarios para discutir un tema esencial
para la agenda de las finanzas del país que ha estado “congelado” desde el
2011.
Recordó que la reforma a esta ley permitirá regular las
remuneraciones de todos los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión
y de organismos públicos autónomos como el Banco de México (Banxico) y el
Instituto Nacional de Electoral (INE).
Añadió que con ello se mandataría que ningún servidor
público reciba remuneración o retribución alguna por el desempeño de sus
funciones, mayor a lo establecido para el Ejecutivo federal.
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