De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Ingresan anualmente 150 mil migrantes ilegales por la
Frontera Sur de México, víctimas de la violación de los derechos humanos de los
migrantes por parte de los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal o
municipal, y por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que
el 67.4 por ciento de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedió en
Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que el 29.2 por ciento ocurrió en la zona
norte y el 2.2 por ciento en el centro del país, datos alarmantes que ponen en
evidencia la vejación de las garantías de este grupo de personas.
Datos duros que ofreció el diputado federal perredista oaxaqueño
Felipe Reyes Álvarez, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, al urgir
reformar diversas disposiciones de la Ley para proteger el tránsito de los
migrantes.
Detalló que anualmente ingresan al país 150 mil personas de
forma ilegal a través de la frontera sur; a su vez, el Colegio de la Frontera
Norte (Colef) estima que cruzan la frontera hacia Estados Unidos alrededor de
350 mil mexicanos.
Subrayó que el INM, por su parte, ha documentado diversas
denuncias por actos de corrupción y delitos, entre los que destacan:
secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios y robo de
órganos, entre otros.
Al respecto, continuó, el director Jurídico del Instituto
Nacional de Migración, Antonio Musi Leyva, reconoció que personal de esta
dependencia se ha involucrado con redes del tráfico de personas y colaborado
con el crimen organizado, e informó que se despidió a cerca de 500 servidores
públicos qué no pasaron los controles de confianza.
“Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto
Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad”,
consideró el diputado.
Resaltó que para el país la seguridad y protección de los
migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades mexicanas, a
pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y
organizaciones.
En muchos casos, subrayó, “son las mismas autoridades de
todos los niveles quienes violan los derechos humanos, lo que provoca una
verdadera crisis”.
Reyes Álvarez recordó que los migrantes son víctimas no solo
del crimen organizado, sino también de funcionarios del INM, de policías de cualquier
orden de gobierno e, inclusive, de miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que
se debe legislar para sancionar a los servidores públicos que atenten contra
los derechos humanos fundamentales de esa población.
Puntualizó que las reformas a la Ley de Migración buscan
prohibir expresamente que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de las
corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o
municipales podrá detener a las personas para comprobar su situación migratoria
o por tener una estancia irregular en el país.
De igual manera, plantea que la protección y defensa de los
derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros, estará a cargo
de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, que se crearía como
un Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión.
Indicó que esta procuraduría se encargará de prestar,
gratuitamente, los servicios de asesoría y representación legal para que los
migrantes, nacionales y extranjeros, tengan acceso a la justicia en la materia
ante el INM y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
También tendrá facultades para realizar visitas de
inspección a las Estaciones Migratorias, con el objetivo de verificar que se
respeten los derechos humanos de los que estén ahí alojados temporalmente y que
se cumplan las disposiciones que establece la Ley de Migración.
Asimismo, se propone crear una Visa de Tránsito, por 90
días, que beneficie a los migrantes centroamericanos, ya que constituyen un
elevado número de indocumentados que anualmente ingresan a nuestro país.
Finalmente, se plantea estipular que las violaciones a los
derechos humanos, por parte de los servidores públicos, se equipararán al
delito de Abuso de Autoridad.
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