* La CNDH se constituyó en las ciudades de Tapachula,
Chiapas, y Tijuana, Baja California, a efecto de observar el desarrollo
migratorio en ambas fronteras, y analizó, en particular, la situación de las
personas migrantes de origen africano y haitiano que llegan al sur de México y
cruzan el territorio nacional hasta la frontera norte con Estados Unidos de
América (EUA) como destino final
* La CNDH impulsa un diálogo con autoridades de los tres
órdenes de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil y albergues que
colaboran en forma altruista en la atención a este grupo migratorio
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Consideró esencial y oportuno la CNDH observar in situ la
problemática migratoria en los cruces fronterizos de Tapachula, Chiapas, y
Tijuana, Baja California, debido a que, en últimas fechas, la población
migrante proveniente del continente africano y Haití se ha incrementado
sustancialmente en su propósito de entrar a los EUA.
De la información que el Instituto Nacional de Migración
(INM) proporcionó a la CNDH, se establece que, en el transcurso del año, se ha
acumulado una cifra de alrededor de 13 mil personas de estas nacionalidades.
Tan solo en el mes de agosto y septiembre se contabilizaban cerca de 4 mil
personas de ambos géneros, entre adultos y menores de edad.
Por tal motivo, la CNDH se constituyó en primer lugar en
Tapachula como lugar de ingreso a México, observando que esta situación ha
provocado una gran actividad a cargo del INM, si se considera que este
Instituto concede por día un promedio de 300 oficios de salida, mismos que con
una vigencia de 20 días naturales permite a estas personas migrantes
trasladarse vía aérea o terrestre hasta Tijuana sin necesidad de alojarse en la
Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula cuya capacidad sería rebasada ante
la población migrante de estas y otras nacionalidades.
Por el momento, la autoridad migratoria no cuenta con
información objetiva que permita saber cuántas personas más seguirán arribando
a México desde África y Haití. La entrega de estos oficios de salida se efectúa
en un promedio de 10 a 15 días, por lo que en ese lapso las personas en
contexto de migración se alojan en hoteles o rentan casas, principalmente.
A partir de la observación directa de los hechos, la CNDH
consideró necesario tener al alcance la opinión que sobre esta problemática en
particular tienen autoridades competentes en materia migratoria así como las
organizaciones de la sociedad civil y albergues.
En Tapachula, la Comisión Nacional se reunió con el titular
de los Albergues de la Diócesis de Tapachula, El Belén y El Jesús, el Buen
Pastor del Pobre y del Migrante, con la Delegada de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR), así como con servidores públicos de la Secretaría
para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional del Gobierno de Chiapas; todos ellos interlocutores
indispensables si se toma en cuenta su liderazgo local o el ámbito de sus
facultades para ayudar y proteger a la población migrante en general.
Es necesario llamar la atención en el sentido de que esta
migración se ha caracterizado por ser pacífica, toda vez que no se ha
presentado ningún altercado con integrantes de la comunidad ni hay denuncia de
hechos por alguna supuesta actividad ilícita. Por tal motivo, las inquietudes
que se han mostrado en la sociedad de Tapachula deben considerar esta
situación, aunado a que este grupo de personas provoca una derrama económica
importante en su paso por esta ciudad.
Por lo que hace a Tijuana y Mexicali, la CNDH advirtió otras
realidades más complejas que acontecen a la misma población migrante en su
espera de ingresar a Estados Unidos de América.
Toda vez que estas personas pretenden ingresar a ese país
mediante una petición de asilo, las autoridades norteamericanas sólo están
dando entrada a un número menor de 100 personas por día, de los 300 que llegan
de Tapachula, lo que provoca un excedente de alrededor de 200 personas que se
irán acumulando.
Esta situación propicia que las autoridades de los tres
niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y los albergues tengan que
realizar esfuerzos extraordinarios en conjunto para poder mitigar las
circunstancias adversas al incrementarse el núcleo de personas migrantes en
espera.
Es importante destacar también que, previo a estas visitas
de observación, la CNDH, enterada de la situación que prevalecía, emitió
medidas cautelares el pasado 15 de septiembre, dirigidas al INM, al Gobierno
Estatal y al Ayuntamiento de Tijuana.
En sus términos, a los tres órdenes de gobierno les fue
solicitado respetuosamente que actuaran de manera conjunta para evitar que
pudiesen ser vulnerados los derechos humanos de esta población migrante en
materias como alimentación, alojamiento digno, atención médica y psicológica, y
seguridad.
Para dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas, la
CNDH convocó el miércoles 28 de septiembre del presente año a las autoridades
competentes y a los coadyuvantes de la sociedad civil y albergues, a una mesa
de trabajo cuyo objetivo fue intercambiar puntos de vista que permitan otorgar
de una manera más eficiente la atención humanitaria que al día de hoy se brinda
a esta población en contexto de migración.
Se tuvo un intercambio intenso de información y se tomaron
acuerdos a los que se les dará seguimiento, toda vez que las partes
manifestaron que es importante que la situación que se vive no se agrave.
Entre los acuerdos y acciones adoptadas en consenso fueron,
entre otras, solicitar a las autoridades federales como SEDESOL su
participación para la atención humanitaria; fortalecer los albergues para
aumentar su capacidad de alojamiento y explorar la posibilidad de otorgar visas
temporales humanitarias con autorización para trabajar.
A la presente fecha, no se cuenta todavía con información o
elementos objetivos precisos que permitan a las autoridades mexicanas prever si
esta problemática continuará acentuándose en el futuro en este cruce
fronterizo. De ser así, se estaría ante circunstancias que podrían considerarse
de cuidado en virtud de la concentración poblacional actual de migrantes.
La CNDH estará atenta al desarrollo de la situación que
presenten los flujos migratorios, continuará dando seguimiento de manera muy
puntual a las medidas cautelares y, en el ejercicio de sus facultades,
emprenderá las acciones que se requieran para garantizar el respeto a los
derechos humanos de las citadas personas migrantes.
Por lo pronto, las Oficinas Foráneas de la Comisión Nacional
con sede en Tapachula y Tijuana mantendrán una cotidiana y estricta supervisión
de los acontecimientos en las fronteras sur y norte de México.
La CNDH reitera que las personas migrantes son titulares de
derechos humanos de carácter universal y a quienes se les debe procurar todos
los cuidados y atención.
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