De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Formarán un frente común la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), las y los Ombudsperson (Defensores del Pueblo) del
país para la defensa de los derechos de las personas migrantes de origen
mexicano en Estados Unidos, los connacionales en tránsito hacia ese país, las
víctimas de desplazamiento interno, y los de otras naciones que cruzan por
nuestro territorio.
Para ello, contarán con un Protocolo de Actuación con los
migrantes, y buscarán tener respuesta institucional al fenómeno migratorio.
Establecieron que la defensa de las personas en movilidad es una
corresponsabilidad compartida entre ellos. Además, se articularán para revisar
las políticas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el fin de
generar políticas públicas no asistenciales que empoderen a los ciudadanos,
vayan a la causa estructural de la pobreza y coadyuve a evitar su
desplazamiento del lugar de origen.
El frente común también atenderá el desplazamiento forzado
interno de nuestro país, para visibilizar el flagelo, demandar la actuación del
Estado para su prevención y atención a las víctimas, con acciones efectivas y
soluciones duraderas, para el retorno de las personas desplazadas a su lugar de
origen o su reasentamiento.
Al encabezar la Segunda Cumbre de Asuntos Migratorios
realizada por la CNDH y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos (FMOPDH), el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez,
destacó que en los últimos tiempos se ha agudizado en nuestro país la violación
a derechos humanos de los migrantes, tanto extranjeros como nacionales.
Subrayó cómo México recibe nuevas migraciones de origen
haitiano, africano, cubano, y principalmente del triángulo norte de América
Central –Honduras, El Salvador y Guatemala—, que huyen de distintas formas de
violencia y buscan nuevas rutas donde están expuestos a mayores riesgos en su
trayecto hacia Estados Unidos.
Ante el Presidente de la FMOPDH y Ombudsman de Quintana Roo,
Harley Sosa Guillén, y los Ombudsperson de Campeche, Juan Antonio Renedo
Dorantes; Yucatán, José Enrique Goff Ailloud; Tabasco, Pedro Federico Calcáneo
Argüelles; Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez; y Chiapas, Juan Óscar Trinidad
Palacios, subrayó que las autoridades deben ser congruentes al pedir justicia
por los mexicanos en la frontera norte y también dar la misma protección a los
migrantes de la frontera sur.
Por ello, los invitó a realizar foros y seminarios donde
concurran las autoridades correspondientes, para vencer la apatía, indiferencia
y discriminación hacia los migrantes, y difundir la cultura de los derechos
humanos.
Los Ombudsperson mexicanos continuarán con sus homólogos
centroamericanos aplicando el protocolo de acción inmediata en la atención y
defensa de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, colaborarán con las
embajadas de esos países que buscan proteger a sus nacionales que son
criminalizados en su paso por México.
González Pérez los convocó a intensificar esfuerzos en favor
de los dreamers, y dirigir a los Congresistas norteamericanos un documento con
perspectiva de derechos humanos donde se destaque la importancia de la
migración y de esos niños y adolescentes estudiantes que representan un
potencial en la nación del norte. Impulsó respaldar las acciones jurídicas de
al menos 16 ciudades de Estados Unidos que buscan la abrogación de esta medida,
indicó.
Por su parte, Harley Sosa Guillén dijo que las y los 33
Ombudsperson que conforman la Federación que preside, apoyados por la
Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH, emitirá un
pronunciamiento sobre el Programa DACA para visibilizar el problema de los
dreamers ante los Congresistas Norteamericanos.
Como Ombudsperson de Quintana Roo, dijo que la migración que
pasa por esa entidad es un problema que muchas personas sufren y pasa
inadvertido porque no existen estadísticas al respecto; esa entidad, señaló, no
cuenta con un marco legal para recibirlos; por ello trabaja con el Congreso del
Estado para generar una ley que proteja a los migrantes en la entidad, y con la
estación migratoria local para crear áreas especializadas para su atención, lo
que podría replicarse en otras entidades.
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