De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano político
Denuncio en Ginebra este miércoles 6 de septiembre, la CNDH el
incremento de operativos de control y verificación migratoria en la frontera
sur de México que genera el secuestro y extorsión de los migrantes, además de
la ausencia de protección de la administración Peña Nieto a los menores sin
acompañamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó la
atención sobre el incremento de operativos de control y verificación migratoria
en la frontera sur de México, lo que provocó que las personas migrantes busquen
rutas alternas para ser invisibilizados y evitar su detención.
Dichas acciones, sin embargo, los han convertido en víctimas
de secuestro y extorsión, en tanto que la mayoría de las fiscalías
especializadas para la atención de delitos contra las personas migrantes no han
cumplido su cometido.
Así lo dio a conocer el Ombudsman nacional, Luis Raúl
González Pérez, al presentar hoy el Informe Ejecutivo de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.
Destacó la especial relevancia que guardan los flujos
migratorios de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración no
acompañados en tránsito por México, que en el último decenio aumentó en 700%
respecto de los 2,869 que fueron retornados a su país de origen en el año 2010.
Muchos de esos menores de edad –aseguró— se ven obligados a
huir teniendo la necesidad de solicitar protección internacional; sin embargo,
la autoridad mexicana les ha otorgado esa protección en un porcentaje mínimo,
0.2 y 0.3 % en 2015 y 2016, respectivamente.
Explicó que, si bien en materia de derechos de la niñez se
tiene un marco jurídico robusto y garantista, urge armonizar el contenido de
las leyes de Migración, de Refugio y las que regulan el desarrollo integral de
la familia locales con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, para establecer los derechos que contienen, así como la
interacción entre los órganos creados y las autoridades de los tres niveles de gobierno
involucradas.
González Pérez destacó que a más de tres años de la creación
jurídica de las procuradurías de protección de la niñez, el Gobierno mexicano
no las ha dotado con estructuras, personal y financiamiento necesario, por lo
que no han cumplido con su obligación de representarlos jurídicamente.
La autoridad migratoria –sentenció— sigue llevando a cabo la
detención de niñas, niños y adolescentes, lo que va en contra del estándar
mínimo de protección nacional e internacional de sus derechos, quedando
expuestos a las condiciones no idóneas de los centros migratorios y, lo que es
peor, a no ser canalizados a los albergues públicos o privados.
Respecto de los compromisos del Estado mexicano con este
Comité para investigar casos de corrupción de servidores públicos del Instituto
Nacional de Migración (INM) contra personas migrantes, y sobre la mejora de las
condiciones de detención en estaciones migratorias, dio a conocer que la CNDH
continúa recibiendo quejas por extorsión
contra esos servidores públicos, así como también ha comprobado en sus visitas
regulares a esas instalaciones la persistencia de hacinamiento y
sobrepoblación.
El Ombudsman mexicano expuso diversas acciones emprendidas
en relación con la nueva política migratoria de Estados Unidos, que viola
derechos humanos, entre ellas la emisión de medidas cautelares contra la
entrada en vigor de la Ley SB 04, en el Estado de Texas, y la presentación de
un Amicus Curiae ante el Juez, quien resolvió que varios preceptos fueran
suspendidos, pero hace falta declarar la total invalidez de la misma.
Finalmente, señaló que en futuros ejercicios, será
indispensable que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos presenten al
Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares
de Naciones Unidas informes conjuntos que den cuenta de la magnitud regional
del problema migratorio, y compartan las acciones de cooperación conjunta y un
análisis integral de los obstáculos y retos que impiden garantizar el respeto
pleno de los derechos humanos de quienes
se ven obligados a abandonar sus lugares de origen en busca de una vida más
digna.
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