* Luis Raúl González Pérez participó en la inauguración del
“Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos”, organizado por la
Coordinación de Humanidades y el PUED de la UNAM
* Señaló que los ajustes económicos no deben implicar un
menor respeto de los derechos humanos, y sí pueden crear condiciones para
impulsar crecimiento económico y protección de grupos vulnerables
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Llama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a
la administración Peña autoridades a reconocer la importancia y urgente
necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos
humanos, que cuente con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad
humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y
evaluación del gasto federal.
El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó lo
anterior al participar en la ceremonia inaugural del “Seminario sobre
Presupuesto y Derechos Humanos”, organizado por la Coordinación de Humanidades
y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, donde
se pronunció porque la reducción presupuestal no afecte a los grupos sociales
en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes; las
personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, las poblaciones
desplazadas y los adultos mayores, entre otros.
Enfatizó que, de acuerdo con el Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas, los ajustes económicos no deben implicar un menor respeto
de los derechos humanos, sino que llevados cuidadosamente y sobre las bases
adecuadas pueden crear condiciones necesarias para impulsar el crecimiento
económico y la protección de los grupos sociales en situación de
vulnerabilidad.
“Y si bien, en México
se han realizado esfuerzos por incorporar la perspectiva de derechos humanos en
la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación de los
presupuestos públicos, a la fecha no existe un ejercicio de análisis que
identifique, a partir de la experiencia nacional, las áreas a través de las que
el presupuesto público federal pueda mejorar la protección de los derechos
humanos”, enfatizó.
Acompañado en el presídium, entre otros, por Leonardo Lomelí
Vanegas, Secretario General de la UNAM; Armando Luna Canales, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; Rolando Cordera Campos,
Coordinador del PUED; José Manuel Aspiroz Bravo, Director General de Cohesión e
Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Social, y Mario Luis Fuentes
Alcalá, investigador del PUED, González Pérez enfatizó que los derechos humanos
de carácter económico, social, cultural y ambiental requieren para su
satisfacción progresiva la aplicación de recursos económicos.
“Es insoslayable
–puntualizó— que el cumplimiento de los deberes de respeto, protección y
garantía de los derechos humanos se encuentra directamente vinculado con los
recursos económicos del país y la manera en cómo éstos se programan,
distribuyen, ejercen y evalúan. Es el caso, por ejemplo, del acceso a la
seguridad social, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua potable y
al saneamiento, a la atención de la salud, a la educación y al disfrute de un
medio ambiente sano”.
Y explicó que no es realizable el derecho a la salud sin un
sistema de protección que cuente con un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios hospitalarios; o bien, resultaría complicado asegurar el
goce del derecho a la vivienda digna o el acceso al agua potable y al
saneamiento, sin la infraestructura y los recursos apropiados.
Al dirigirse a los académicos, expertos de organismos
internacionales y tomadores de decisiones que participan en este Seminario,
reunidos en el auditorio “Maestro Jesús Silva Herzog”, de la Unidad de Posgrado
de la Facultad de Economía de la UNAM, el Presidente de la CNDH detalló que
dicha problemática se refleja claramente en las estadísticas, como es el caso
del aumento del número de personas en situación de pobreza que, de acuerdo con
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), entre 2012 y 2014 pasó de 53.3 a 55.3 millones, lo cual significa
que la mitad de la población en el país enfrenta alguna carencia en el acceso a
servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o
alimentación, e incluso es desfavorecida por el rezago educativo.
Luis Raúl González Pérez recordó que el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su interpretación
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC),
del que México es parte, señala que los países deben demostrar el avance
progresivo, cuantitativo y cualitativo de cumplimiento a los derechos humanos,
considerando que su realización representa un ejercicio constante del uso
eficiente de los recursos financieros y humanos.
El Ombudsman Nacional hizo referencia al convenio firmado en
junio pasado entre el Organismo Nacional y la UNAM, para realizar un estudio
sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de
derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal, que será
enriquecido con las reflexiones que se generen en este Seminario.
Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de
la UNAM, destacó que hay muchos problemas sociales acumulados que se han
agravado a lo largo de los años por los recortes presupuestales en sectores
clave como es la salud y la educación.
Subrayó la necesidad de pensar en el gran desperdicio del
bono demográfico, en términos de capital humano que implicaría no llevar a cabo
las inversiones que se requieren en educación. Mientras en materia de salud,
nos enfrentamos a una problemática que se irá agravando en la medida que el
bono demográfico vaya desapareciendo y comencemos a transitar a un país donde
habrá cada vez más adultos mayores que requerirán de más servicios de salud a
mayor costo.
Tan solo estas dos perspectivas –dijo- nos deberían de
llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene el tema del presupuesto,
los derechos humanos y la necesidad de contar con un presupuesto diseñado desde
una perspectiva de derechos humanos, que ponga como el componente central del
mismo la aspiración de que los derechos fundamentales que ya forman parte de
nuestro marco normativo sean realmente garantizados por el Estado.
Armando Luna Canales, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que se ha avanzado en la concepción de
los derechos humanos, en la constitución y consolidación de las instituciones
encargadas, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, para que todas
las acciones, los presupuestos y los programas de las distintas autoridades de
todas las esferas de gobierno tengan un contenido de derechos humanos.
Detalló que el problema de nuestro país, es la manera en
cómo se atienden los problemas de derechos humanos o las situaciones
relacionadas con los mismos. Una lucha personal en la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados –agregó-, es que nos permitan opinar sobre
todo el PEF, pues se manifiesta exclusivamente sobre el presupuesto de la CNDH,
aunque se requiere una opinión transversal.
Luna Canales reiteró su compromiso de seguir trabajando para
que la CNDH encuentre en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara Baja, un fuerte aliado para sus labores diarias, pero
sobretodo, en esta época del año en la que se define el PEF 2017.
Rolando Cordera Campos, Coordinador del PUED, precisó que
gracias a la CNDH hoy contamos con un interesante dictamen sobre el salario
mínimo desde el mirador de los derechos humanos, por lo que vale la pena probar
fuerzas y disposiciones cooperativas entre el PUED y el Organismo Nacional,
para abordar el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, y
cuestionar si quienes elaboran, discuten, aprueban y ejercen el gasto público
tienen en mente el cambio constitucional del 2011.
Quizás –dijo- podríamos encontrar por ahí una de las mejores
rutas para llevar a buen término una Reforma del Estado que esté a la altura de
los cambios políticos, económicos y sociales que nuestro país ha registrado en
los últimos 30 años.
En el acto también estuvieron presentes Jorge Ulises Carmona
Tinoco, Sexto Visitador General, y Manuel Martínez Beltrán, Oficial Mayor de la
CNDH.
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