domingo, 18 de septiembre de 2016

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos violadas en Atenco

De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político


Turnó en Washington el 17 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso 12.846  “Mariana Selvas Gómez y otras”, torturadas del 2 al 4 de mayo de 2006 cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, encabezó el desalojo violento de San Salvador Atenco, por resistirse al despojo de sus terrenos.

Vicente Fox, entonces presidente de México, anunció el 22 octubre de 2001 que la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sería terrenos agrícolas de la zona de Texcoco que habían sido acaparadas desde 1988 por el Grupo Atlacomulco al que pertenece Enrique Peña Nieto.

Inmediatamente después ejidatarios de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal. El saldo fue de dos jóvenes muertos y 80 mujeres violadas y 290 detenidos.

Los delitos siguen en la impunidad y el sábado 17 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno de la República la decisión de enviar el caso 12.846  “Mariana Selvas Gómez y otras” a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según la Administración Peña, “al respecto, y ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio Gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.

En el comunicado conjunto de la Conjunto Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, se informó que el gobierno de México desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión.

Acorde con ello, el Estado ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares.

Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha, hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso. Se subraya que las investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han tomado debida consideración de las conclusiones a las que en su momento arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero de 2009.

Además de ello, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y la entrega de viviendas.

Por otra parte, el Estado mexicano ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública; el establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género; y la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local, así como el establecimiento de sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Gobierno de México ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH. Sin perjuicio de los procedimientos ante la Corte Interamericana, el Gobierno de México continuará fomentando este diálogo, a fin de alcanzar una reparación integral del daño.


El Gobierno de México manifiesta su total disposición a dar seguimiento al caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un foro compuesto por juristas latinoamericanos de elevado prestigio y calidad profesional, que con toda certeza analizará con objetividad y estricto apego a criterios jurídicos todos los elementos que conforman este caso.

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