De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Turnó en Washington el 17 de septiembre la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la consideración de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el caso 12.846 “Mariana Selvas Gómez y otras”, torturadas del
2 al 4 de mayo de 2006 cuando el entonces gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, encabezó el desalojo violento de San Salvador Atenco, por
resistirse al despojo de sus terrenos.
Vicente Fox, entonces presidente de México, anunció el 22
octubre de 2001 que la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sería
terrenos agrícolas de la zona de Texcoco que habían sido acaparadas desde 1988 por
el Grupo Atlacomulco al que pertenece Enrique Peña Nieto.
Inmediatamente después ejidatarios de las poblaciones de San
Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de
Abajo iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio,
oponiéndose al proyecto federal. El saldo fue de dos jóvenes muertos y 80
mujeres violadas y 290 detenidos.
Los delitos siguen en la impunidad y el sábado 17 de
septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al
Gobierno de la República la decisión de enviar el caso 12.846 “Mariana Selvas Gómez y otras” a la
consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la Administración Peña, “al respecto, y ante la
posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones
en materia de atención y reparación al caso, el propio Gobierno mexicano hizo
un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la
Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las
medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.
En el comunicado conjunto de la Conjunto Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de
la República, se informó que el gobierno de México desde marzo de 2013, el
Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento
notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión.
Acorde con ello, el Estado ha realizado y continúa
realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del
caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras
medidas para evitar la repetición de hechos similares.
Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha, hay más de 30
personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso. Se subraya que las
investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México han tomado debida consideración de las
conclusiones a las que en su momento arribó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en febrero de 2009.
Además de ello, el Estado creó un fondo especial de atención
para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación
económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud
médica y psicológica, y la entrega de viviendas.
Por otra parte, el Estado mexicano ha tomado diversas
medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de
hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional
en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública; el
establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de
género; y la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local,
así como el establecimiento de sistemas municipales para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El Gobierno de México ha mantenido un diálogo directo con
las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir
con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH. Sin perjuicio de los
procedimientos ante la Corte Interamericana, el Gobierno de México continuará
fomentando este diálogo, a fin de alcanzar una reparación integral del daño.
El Gobierno de México manifiesta su total disposición a dar
seguimiento al caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un foro
compuesto por juristas latinoamericanos de elevado prestigio y calidad
profesional, que con toda certeza analizará con objetividad y estricto apego a
criterios jurídicos todos los elementos que conforman este caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario