De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Condena en Washington este miércoles 21 de septiembre, la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) los asesinatos de los periodistas mexicanos Agustín
Pavía Pavía y Aurelio Cabrera Campos.
Ambos fallecidos a causa de ataques con arma de fuego, en
hecho ocurridos los días 13 y 14 de septiembre, en los estados de Puebla y
Oaxaca, respectivamente, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera
pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables, tanto
materiales como intelectuales.
Aurelio Cabrera Campos recibió varios disparos de arma de
fuego mientras conducía su vehículo cerca de la población de Huauchinango, en
el Estado de Puebla, la noche del 14 de septiembre.
Las autoridades habrían sido alertadas del hecho mediante
una llamada telefónica y, aunque los servicios médicos le encontraron con vida
al llegar al lugar, el comunicador falleció horas después en el hospital al que
fue trasladado.
De acuerdo a la información disponible, Cabrera había trabajado
para el diario Voz de la Sierra y recientemente había creado su propio medio,
el semanario El Grafico de la Sierra, del cual era director.
El periodista era conocido por cubrir la fuente policial y
de seguridad pública en el norte del estado de Puebla, zona colindante con el
estado de Veracruz y en la cual existe una fuerte presencia del crimen
organizado.
Agustín Pavía Pavía fue atacado la noche del martes 13 de
septiembre frente a su domicilio en la población de Huajuapan de León, en el
Estado de Oaxaca.
El comunicador conducía un programa en la radio comunitaria
Tu Un Ñuu Savi y es el segundo locutor de dicha estación radial en ser
asesinado en un lapso de 79 días, de acuerdo con la información difundida.
Con los casos señalados suman nueve los asesinatos de
periodistas ocurridos en México este año de los cuales la Relatoría tiene
conocimiento:
el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista en la
localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca;
el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en
el estado de Puebla;
el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés
Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco;
el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en
Taxco, estado de Guerrero;
el 14 de mayo fue asesinado Manuel Torres González en Poza
Rica, estado de Veracruz;
el 19 de junio fue asesinado Elpidio Ramos Zárate en
Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca y
el 20 de julio fue asesinado Pedro Tamayo Rosas en Tierra
Blanca, Veracruz.
La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por
el aumento de la violencia contra periodistas en México que se expresa en el
incremento de la cifra de periodistas asesinados en relación con años
anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de la profesión.
El Estado informo a
la Relatoría que la Fiscalía General del Estado de Puebla y la FEADLE trabajan
de manera coordinada para impulsar las investigaciones respecto del homicidio
del periodista Aurelio Cabrera Campos y avanzan en ambos fueros con el propósito
de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la relativa al ejercicio
de la libertad de expresión.
Sobre el Homicidio de Agustín Pavía Pavía informó que la
Fiscalía de Justicia de Oaxaca se encuentra adelantando investigación por el
homicidio.
La Relatoría Especial
exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según
la cual estos crímenes estarían asociados con el ejercicio de la libertad de
expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para
identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e
intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de
reparación justas para los familiares de las víctimas.
La Relatoría Especial estima necesario evaluar de manera
urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos
casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades
federales.
Asimismo, considera esencial que se fortalezcan los
mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y
los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e
implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar el
ejercicio del periodismo.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH señala que
"[e]l asesinato, secuestro,
intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados
prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada".
Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la
reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento
y en la autocensura de los y las comunicadoras.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una
oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel
fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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