De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Y el presidente Enrique Peña Nieto, se dice respetuoso de la libertad de expresión. |
Ocurrió en México uno de cada tres asesinatos de periodistas
ocurridos en el lapso 2010-2015 en América Latina, precisó la coordinadora de
los diputados de Morena, la veracruzana Rocío Nahle García, al inaugurar en la
Cámara de Diputados este lunes 17 de octubre, el Foro “El Estado Mexicano en
las Agresiones a Periodistas”.
La cifra corresponde a los registros de la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos (CIDH), por lo que este gremio vive “una terrible
situación, ante la cual no podemos resignarnos ni estar de brazos cruzados”,
añadió.
En el evento, el secretario de la Comisión de Radio y
Televisión, diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), mencionó que datos de
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, revelan que
México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
Caballero Pedraza apuntó que según el Informe anual de
violencia contra la prensa de Artículo 19, en 2015 se registraron 397
agresiones contra medios de comunicación y periodistas en nuestro país,
convirtiéndolo en el año más violento desde 2009. Asimismo, detalló que del
periodo 2009 al 2015, 860 de agresiones a periodistas fueron cometidas por
autoridades.
Refirió que este informe destaca que en el último año las
agresiones han aumentado 22 por ciento; los estados donde se reportan más casos
son la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; sin embargo, las cifras
en entidades como Tamaulipas, Chihuahua y, más recientemente, Puebla y Guanajuato,
se han vuelto preocupantes.
Calificó de alarmante la falta de respuesta de las
autoridades, pues mientras exista impunidad continuarán las agresiones a
periodistas. “El dato más revelador y, al mismo tiempo escalofriante, es que
los funcionarios públicos son los principales agresores de los periodistas”.
“Estos hechos son un
indicio de la fragilidad de las instituciones. El hecho de que los
perpetradores sean los que debieran garantizar los derechos de los periodistas
y los defensores de derechos humanos, nos debe hacer pensar sobre qué punto el
sistema democrático pende de un hilo.
“Uno de los índices
más importantes para conocer la democracia de un país es el respeto a la
libertad de expresión y es evidente que esto supone que el Estado garantice las
condiciones necesarias para el ejercicio de esta profesión. No podemos permitir
que se siga silenciando a las voces críticas que incomodan a los poderes,
cualquiera que éstos sean”, destacó.
La diputada Rocío Nahle García reconoció que este gremio
vive “una terrible situación, pero no sólo ello pues, además, México es uno de
los países más violentos del mundo con feminicidios, asesinatos, desapariciones
forzadas y trata de personas”.
Agregó que ante las agresiones a periodistas “no podemos
acudir a instancias internacionales, donde todo mundo se alarma porque hay más
muertos aquí que en Irak o en Afganistán, por la publicidad que nos dan allá”.
Esta descomposición social, apuntó, ocurre por la
corrupción, que ha ido creciendo de manera exponencial y “porque hay una total
impunidad, porque el sistema político está podrido”.
Sostuvo que éste es un tema muy grave, no es menor. “La
clase del poder, con la impunidad y silencio, se vuelve cómplice”; de ahí que
destacara la importancia del foro y sus conclusiones.
El diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) indicó que
“todo lo que se mencione aquí, nos nutre para hacer propuestas legislativas.
Nos vamos a dar a la tarea de promover iniciativas para ayudar al periodismo y
la libre expresión en el país”.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante
de la Comisión de Radio y Televisión, dijo que la indiferencia del Estado ha
generado que se reporten menos agresiones y denuncias, en gran medida por el
nivel de desconfianza y el miedo no sólo en la autoridad, sino en la clase
política.
Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de
la Procuraduría General de la República, expuso ante los legisladores que este
organismo, en el último trimestre, ha determinado 51 Averiguaciones Previas y
12 carpetas de investigación, “las cuales caminan cada una con cuerda separada”
Mencionó que es difícil sacar el trabajo. “Ante la
limitación de personal, realizamos acciones conjuntas con delegados de la PGR
en todo el país, para responder a las necesidades que tiene cualquier
periodista cuando es objeto de una agresión”.
Dijo que a la FEADLE le preocupa que se haga justicia y si
el hecho delictivo no se puede probar contra la libertad de expresión, se va de
la mano con la autoridad local para tener una mayor capacidad en el proceso que
se le sigue a las denuncias.
Subrayó que los periodistas sufren agresiones, como las
padecen todos los ciudadanos en cualquier parte del país, y los casos suelen
levarse al fuero común.
Apuntó que la Fiscalía cuenta con una policía adscrita de
manera directa y con agentes del Ministerio Público capacitados específicamente
en la materia de derechos humanos, es decir, que quienes la conforman son
defensores de estas garantías.
“Hemos actuado de manera muy constante en todos los temas.
No podemos atraer ni tener todo, pero hemos atraído más de 40 asuntos en los
que se trabaja, esto no es la solución, buscamos que se haga justicia en todos
y cada uno de los casos donde un compañero y amigo periodista tiene alguna
circunstancia difícil”.
Mencionó que el organismo a su cargo ha capacitado alrededor
de 3 mil 600 a comunicadores y funcionarios en más de 20 estados, en materia de
prevención del delito y de actuación de periodistas.
También, agregó, se ha acercado a las autoridades del fuero
común, de los tribunales superiores de justicia, procuradurías o fiscalías para
entablar constante comunicación. “Trabajamos varios asuntos que por el momento
no podemos asegurar que están ligados al quehacer del periodista y
concretamente a violaciones a la libertad de expresión”.
En su oportunidad, el director adjunto de Recepción de Casos
y Reacción Rápida, del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, Julio César Díaz Herrera, reconoció la falta de
confianza de los periodistas en este mecanismo; “por eso no se acercan, es
innegable”.
Destacó la necesidad de propiciar un mayor contacto con los
periodistas, para que conozcan las responsabilidades y limitaciones legales del
mecanismo de protección y generar esa seguridad. “No somos una vara mágica,
tenemos que generar la confianza y esa se logra a través de resultados;
intentamos que sean mejores, sin levantar falsas expectativas”, comentó.
Explicó que cada día en que no reciban una agresión, es un
éxito. De ahí la importancia de contar con la coordinación ejecutiva de este
órgano integrado por las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y
de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dos periodistas y dos defensores
del Consejo Consultivo (sociedad civil), cuyas decisiones y actuaciones son
consensuadas.
La periodista Anabel Hernández subrayó que en México ya no
hay ningún refugio seguro para los periodistas perseguidos o amenazados; sólo
en la actual administración 33 han sido asesinados, 11 en lo que va de este
año, y únicamente 12 por ciento de las agresiones se han consignado a un juez,
pero no hay ninguna sentencia.
Aseguró que “la matanza de comunicadores va en aumento,
porque las leyes que los protegen están en papel, para que el gobierno limpie
su imagen ante la comunidad internacional, pero en realidad las normas no se
aplican, no funcionan”.
De 2013 a la fecha, indicó, docenas de reporteros en México
han sufrido, con impunidad, golpes de policías, amenazas de muerte o censura,
“como en el caso de la comunicadora Carmen Aristegui, quien no ha conseguido un
espacio libre para volver a la radio y ser la única voz, prácticamente, que le
da un sentido a la libertad de expresión en nuestro país”.
“Los agravios a la
libertad de prensa en México ocurren todos los días y a todas horas, y los más
afectados no son los medios de comunicación ni los reporteros, sino la
sociedad. Quienes matan u ordenan la muerte de periodistas tienen el objetivo
de asesinar el derecho fundamental de la sociedad a estar verazmente
informados”, subrayó.
Consideró que sin información veraz e independiente “la
sociedad está capturada por la propaganda del gobierno, grupos económicos y el
crimen organizado”.
Pese a todo, expresó, “seguimos en pie, no sólo por los
compañeros perdidos, sino porque también sabemos que en esta terrible crisis
nuestro trabajo es útil a la sociedad. Continúo mi trabajo inspirado en
compañeros periodistas, incansables defensores de derechos humanos y en todas
las víctimas de México que no tienen voz”.
En las mesas de trabajo, se presentaron de Marta Durán de
Huerta Patiño, periodista de la revista Proceso; Fabiola González Barrera,
coordinadora de Redes de Periodistas; Ernesto Ledesma Arronte, director de
Rompeviento TV, y Geraldina Lázaro Ávila, jefa de producción de la Red de
Comunicadores Boca de Polen.
También, Pilar Tavera Gómez, miembro del Consejo Consultivo
de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Ana
Cristina Ruelas, directora general de Artículo 19 para México y Centroamérica y
Elia Baltazar González, periodista independiente.
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