Arcano medio ambiente
Los defensores del medio ambiente indígenas y
afrodescendientes están entre quienes más sufren las violaciones de sus
derechos humanos en Latinoamérica. Lucas Hallel ASCOM/FUNAI
De la mesa de redacciónDe nuestra asociada RNU
Tanto el titular de la ONU como la máxima responsable de
velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo han celebrado
este hito, pues significa un relevante avance para la protección de quienes
defienden el medio ambiente y la tierra en América Latina y el Caribe, una
región considerada como una de las más peligrosas para su esencial trabajo.
El Acuerdo de Escazú, el primer tratado que contiene
disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas
defensoras del medio ambiente en América Latina, ha entrado en vigor este 22 de
abril, un día muy simbólico pues marca el Día Internacional de la Madre Tierra.
La entrada en vigor ha sido celebrada como un hito por la
Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet para los Derechos Humanos, que lo
calificó de “pionero”, mientras el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres, dijo que “brinda esperanza e inspiración”:.
“Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos
jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces
para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud
de las personas y del planeta”, declaró Bachelet.
Se trata del primer tratado ambiental regional del mundo, que contiene disposiciones específicas para la promoción y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.
Al igual que la #COVID19, la emergencia climática y la destrucción en curso de los sistemas naturales de nuestro planeta es una crisis que ningún país puede abordar solo. #EscazúAhora #DiaDeLaTierra pic.twitter.com/jIpXlh5St7
— Michelle Bachelet (@mbachelet) April 22, 2021
“Esto es especialmente importante dado que América Latina es
considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes
defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las
comunidades afrodescendientes”, destacó Bachelet.
Y añadió que los hombres y mujeres que defienden el medio
ambiente son “amenazados en la región con acosos, narrativas estigmatizantes, y
hasta ataques contra su vida y su integridad personal”.
Tener que afrontar tantos riesgos es aberrante
En América Latina, un gran número de agresiones contra
personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos
mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e
implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes.
Para la Alta Comisionada, es aberrante que los activistas
tengan que “asumir tantos riesgos para avanzar en su causa”.
Por ese motivo, quiso rendir un homenaje a defensores del
medio ambiente como la brasileña Osvalinda Pereira, la mexicana Leydy Pech, y
la ecuatoriana Nemonte Nenquimo, recientemente premiadas por su labor de
protección del medio ambiente.
Bachelet quiso destacar que la lucha por el medio ambiente y
los derechos humanos “también aborda las desigualdades estructurales y
sistémicas de las sociedades, promoviendo así una vida digna para todos”.
Finalmente, aplaudió a los Estados que han ratificado el
acuerdo y alentó a otros en la región a hacerlo prontamente e instó a todos a
tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, asegurando la participación
de la sociedad civil. También les instó a que cumplan el derecho a un medio
ambiente sano.
El Acuerdo de Escazú busca la protección de las personas
defensoras del medio ambiente en América Latina. ONU Colombia
Primer tratado ambiental de la región
António Guterres, por su parte, dijo que “este es un logro
histórico para la región y para el mundo. Además de ser el Acuerdo Ambiental
Multilateral más reciente que se ha negociado y adoptado bajo los auspicios de
las Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú es también el primer tratado
ambiental regional de América Latina y el Caribe”.
El Secretario General añadió que “a medida que continuamos
abordando los devastadores impactos del COVID-19 e intensificamos los esfuerzos
para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la
biodiversidad y la contaminación del medio ambiente natural, la entrada en vigor
del Acuerdo de Escazú brinda esperanza e inspiración, y prepara el escenario
para recuperación sostenible y resiliente”.
Y añadió: “Al adoptar un enfoque basado en los derechos,
fomentar la creación de capacidad y la cooperación y centrarse en los más vulnerables,
este tratado regional es un gran paso adelante en la creación de caminos
transformadores para las personas y nuestro planeta”.
No son terroristas, sino que consolidan la democracia
Secundado las palabras de Bachelet, Alberto Brunori, el
representante de ONU Derechos Humanos en América Central declaró: “Algunas
personas afirman que las y los defensores de los derechos ambientales son un
obstáculo para el desarrollo. Hasta las y los tildan de `terroristas’. Muy por
el contrario, juegan un rol vital en la consolidación de la democracia y su
labor debe protegerse y respaldarse. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú
marca un hito en este sentido; es por esto por lo que esperamos que otros
Estados lo ratifiquen pronto”.
Mika Kanervavuori, representante de la ONU Derechos Humanos
en Guatemala, explicó que “las amenazas y estigmatización hacia las personas
que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales, además de
poner en riesgo su vida, tienen un efecto amedrentador que busca desalentar la
legítima defensa de los derechos humanos” y añadió que “también impacta a sus
familias y comunidades”.
El jefe de la Misión de la ONU Derechos Humanos en Bolivia,
Alán García Campos, dijo por su parte: “Solidaricémonos, sumémonos y
respaldemos el trabajo que desarrollan las personas que defienden los bosques,
las selvas, la flora, la fauna, el agua, los ríos, los lagos, los mares y todos
los recursos naturales”.
En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos,
Culturales y Ambientales (REDESCA) y las presencias de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina
exhortaron a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la
integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio
ambiente.
“Para ello es crucial que se reconozca de manera pública e
inequívoca la importancia de la labor de todos los defensores y defensoras del
medio ambiente, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos
de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra
y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas
específicas para proteger las mujeres defensoras”, señalaron.
También alentaron a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Los defensores del medio ambiente, especialmente aquellos en las zonas rurales, ven a menudo cómo se violan sus derechos humanos. ONU Colombia
La pandemia de COVID-19, un obstáculo para la defensa del medio ambiente
La implementación del Acuerdo de Escazú es vital ya que como
resultado de las medidas tomadas para la prevención de contagios y para el
manejo de la pandemia por COVID-19 se ha visto limitado el derecho a la
participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos
activistas ambientales, así como también se restringió el acceso efectivo a la
información y a la justicia.
Y como consecuencia de la justificada limitada participación
de los defensores y ambientalistas, se ha observado una reducida capacidad y
voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la
naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos
para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan
participar plenamente en la toma de decisiones.
No solo los Estados también las empresas deben cumplir
Por su parte, Guillermo Fernández-Maldonado, representante
en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, hizo hincapié en que “el Acuerdo de Escazú es también una
gran contribución para lograr que en el marco de proyectos de desarrollo se
garantice el respeto a derechos como la salud, el agua o la vivienda”.
Y recordó que las obligaciones en materia de Derechos Humanos “no sólo son de los Estados, sino también de las empresas, cuya acción en esta materia es fundamental para alcanzar el objetivo que se plantea en el Acuerdo, que es el tener un modelo de desarrollo respetuoso con los derechos del ambiente y los demás derechos humanos relacionados”.
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