* Concluyeron los trabajos de la Segunda Cumbre Iberoamericana “Migración y Derechos Humanos. Una nueva mirada”, donde se comprometieron con la supervisión, apoyo y seguimiento al cumplimiento de las acciones asumidas por los Estados de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
 |
| La foto oficial al concluir la Segunda Cumbre Iberoamericana "Migración y Derechos Humanos. Una nueva mirada". |
Emitieron este miércoles 24 de mayo en la Ciudad de México, 17
propuestas los Ombudsperson que integran la Federación Iberoamericana del
Ombudsman (FIO), dirigidas a todos los Estados nacionales que se confrontan con
fenómenos migratorios, sean países de origen, tránsito o destino final.
Se pide que asuman integralmente sus corresponsabilidades en
los procesos migratorios –que resultan del Derecho Internacional de Derechos
Humanos, Derecho Humanitario y Derecho Internacional de los Refugiados, así
como en las propias Constituciones y sus normativas legales internas— y generen
las condiciones necesarias para la realización de los movimientos migratorios
en condiciones de seguridad y dignidad.
La Declaración de la Ciudad de México fue presentada por el
Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y José de Faria Costa, Presidente
de la FIO y Proveedor de Justicia de Portugal, en la ceremonia de clausura de
la Segunda Cumbre Iberoamericana, “Migración y Derechos Humanos. Una nueva
mirada”, donde además adoptaron el “Protocolo de Actuación FIO para la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración” y
validaron el respectivo Plan de Acción.
Como resultado de la Segunda Cumbre Iberoamericana de
Migración y Derechos Humanos, los Defensores del Pueblo, Proveedores,
Procuradores, Comisionados, Razonadores y Presidentes de Comisiones Públicas de
Derechos Humanos suscribieron la Declaración de la Ciudad de México en que se
demanda el desarrollo de políticas de protección, apoyo y asistencia en los
fenómenos migratorios, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del entendimiento común universal
del enfoque de seguridad humana aprobado por la Asamblea General de la ONU en
la resolución 66/290 de 25 de octubre de 2012.
De igual manera, solicitan el desarrollo de políticas de
integración y soluciones duraderas para las personas migrantes y refugiadas,
respectivamente, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales en
los países de destino, las cuales deben construirse con la participación y
consulta de personas y grupos afectados, organizaciones y redes no
gubernamentales en materia migratoria, además de que se combatan la xenofobia y
las formas de criminalidad que se
desarrollan en torno del fenómeno migratorio, para lograr una efectiva y
eficaz protección de los derechos humanos de ese grupo poblacional vulnerable.
 |
| El logotipo. |
Los Ombudsperson proponen que los países de origen y destino
de fenómenos migratorios masivos implementen políticas centradas en la búsqueda
de soluciones de reciprocidad económica para construir alternativas a la
expulsión de las personas migrantes, faciliten la comprensión del fenómeno
migratorio y las ventajas de las políticas de acogida entre sus comunidades, y
reconozcan la particular vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y
adolescentes, así como de personas de grupos vulnerables y de refugiados, y les
garanticen el acceso a cuidados de salud, apoyo legal y jurídico, su inclusión
en el mercado laboral y la prevención de situaciones de marginalidad y
criminalidad.
También piden promover la difusión de riesgos asociados a la
migración irregular, como trata y tráfico de personas, el apoyo a procesos de
retorno de personas migrantes a sus países de origen y garantizar que los
derechos fundamentales de las personas migrantes detenidas por razones de
control migratorio sean respetados y las faltas se consideren administrativas y
no delitos, lo que evitará la criminalización del fenómeno social de la
migración.
A su vez, los Ombudsperson firmantes de la Declaración
divulgarán entre personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio sus
derechos fundamentales y atenderán las quejas cuando no se les reconozcan o
garanticen; sensibilizarán a gobiernos y administraciones estatales, regionales
y locales para prevenir la discriminación de personas migrantes, refugiadas y
solicitantes de refugio, además de promover la formación de autoridades que
trabajan con personas migrantes, especialmente en las fronteras; promover la
cooperación entre las Instituciones de Derechos Humanos e impulsar la
ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en los países
integrantes de la FIO.
Los defensores públicos de derechos humanos consideran que
el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales a
la circulación de las personas migrantes no detiene su intención por alcanzar
el destino pretendido, en tanto que los países de destino de los flujos
migratorios masivos no hacen esfuerzos significativos para informar a sus
ciudadanos de las ventajas de los procesos migratorios, lo que da lugar a que
surjan fenómenos xenófobos, sedimentación de preconceptos contra otras culturas
y poblaciones de orígenes distintos.
 |
| En los trabajos. |
Los Ombudsperson integrantes de la FIO subrayan la necesidad
de una nueva mirada respecto del tema migratorio desde un enfoque de dignidad
humana, teniendo presentes los instrumentos y entendimientos universales sobre
la Seguridad Humana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
posibilite también atender las causas de los flujos migratorios sin olvidar las
responsabilidades compartidas de los Estados de origen, tránsito y destino, así
como de la comunidad internacional.
Previamente, el Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez, signó un convenio de
colaboración con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El
Salvador, institución por la que suscribió el documento el Procurador Adjunto
para la Defensa de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, Ricardo José Gómez,
así como también firmó una carta compromiso para la elaboración e
instrumentación de una estrategia conjunta de abordaje de la realidad
migratoria en acciones de protección en favor de personas desplazadas, en
tránsito, refugiadas y retornadas con el Consejo Centroamericano de
Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, organismo por el cual firmó
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de
Honduras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario