* Legalizar la anticonstitucional actividad militar en seguridad y dejar indefensa a la población
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Desde Washington el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. (Foto Arcano Radio) |
Podrían afectar los derechos humanos de los mexicanos
algunos contenidos de la Ley de Seguridad Interior elaborada por los diputados
priistas César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, y la diputada verde Sofía
González Torres, aprobada por la Cámara de Diputados el jueves 30 de noviembre
y turnada al Senado para su ratificación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
analizará, en caso de ser aprobada, en definitiva, la constitucionalidad de la
Ley de Seguridad Interior, afirmó hoy el Ombudsman nacional, Luis Raúl González
Pérez, quien expresó su preocupación por algunos de sus contenidos que podrían
implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar que se vulneren los
mismos.
Señaló que debe esperarse a que concluya el proceso de
aprobación para analizar si su contenido final contraviene principios constitucionales
y, de ser el caso, el Organismo Nacional ejercerá su facultad de interponer la
correspondiente acción de inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa en la ciudad de Washington, a donde
acudió para desarrollar una amplia agenda de trabajo en favor de los derechos
fundamentales de los mexicanos en contexto de migración en la Unión Americana,
expuso que la mencionada ley dentro del proceso legislativo, aún debe pasar por
la revisión y aprobación del Senado de la República, haciendo expreso su deseo
porque dicha instancia tome en consideración las observaciones que al respecto
ha formulado la propia CNDH, así como expertos, académicos y organizaciones
sociales.
“Exhorto –expresó— a la mayor prudencia, al mayor debate, a
la mayor reflexión y también a la mayor integralidad en los diversos temas que
tienen que ver con lo que deseamos resolver: que el país regrese a los estadios
de seguridad en donde ahorita, lamentablemente, tenemos violencia”.
Reiteró su convicción de que debe haber un gran debate sobre
la propuesta de Ley de Seguridad Interior, que tiene que analizarse a la luz de
otros temas como la nueva Fiscalía General de la Nación, la operación del
Sistema de Justicia Penal, así como el fortalecimiento de las policías,
enfatizando la necesidad de que los problemas que el país enfrenta en materia
de seguridad y justicia, se aborden bajo un enfoque integral y no se atiendan
los mismos de manera parcial.
Legalizar la anticonstitucional actividad militar en seguridad y dejar indefensa a la población
La Cámara de Diputados aprobó, tras cinco horas de
discusión, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que regulará
las acciones de las Fuerzas Armadas para la defensa y preservación de la
seguridad dentro del territorio nacional, entre ellas, las de combate al crimen
organizado.
El Pleno aprobó el documento en lo general, en un primer
momento, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, y
posteriormente en lo particular con 215 votos a favor, 101 en contra y cuatro
abstenciones, después de rechazar 101 reservas que se hicieron a la totalidad
de los artículos de la legislación.
El dictamen se turnó al Senado de la República para su
discusión y eventual ratificación.
El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez
Marín, informó que de las 101 reservas, 52 fueron presentadas por el PRD, 34 de
Morena, 10 de MC, cuatro del PAN y una del PES.
Previamente, las y los diputados Cristina Ismene Gaytán
Hernández (PRD), Jorge Álvarez Maynez (MC) y Maricela Contreras Julián (Morena)
presentaron, por separado, mociones suspensivas, pero fueron rechazadas, en
votación económica.
La Comisión de Gobernación, que preside la diputada Mercedes
del Carmen Guillén Vicente (PRI), aprobó por la mañana el dictamen de la Ley de
Seguridad Interior que se conforma de 34 artículos, divididos en seis
capítulos, así como de cuatro transitorios.
Los integrantes de la Comisión aprobaron el documento con 18
votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones. A favor se manifestaron los
diputados del PRI, PVEM, NA, PES y una diputada del PAN (Claudia Sánchez
Juárez); en contra lo hicieron los legisladores del PAN, PRD, Morena y MC.
A las 13:43 horas inició la discusión del dictamen en el
Pleno de la Cámara de Diputados, con la fundamentación del documento por parte
de la diputada Guillén Vicente, quien dijo que la Ley de Seguridad Interior
regulará la participación de fuerzas federales y Fuerzas Armadas en las tareas
de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio
nacional.
Apuntó que es complementaria a la Ley de Seguridad Nacional,
ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional
tienen su origen al interior de la República, “mediante el establecimiento de
protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y
armadas a enfrentarlas de manera conjunta”.
“No sólo se trata de erradicar las amenazas, sino de hacerlo
respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la
Constitución”, destacó Guillén Vicente.
Indicó que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior
corresponderá a las fuerzas estales y federales, y sólo cuando la gravedad de
la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas
Armadas, por lo cual dicha legislación “no militariza al país”.
La ley señala que “toda intervención de fuerzas federales y
de Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá
exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del
Presidente de la República, y sólo cuando subsistan las amenazas a la seguridad
interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad
interior”, indicó.
Lo anterior deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional del Congreso de la Unión y a la Comisión de los Derechos
Humanos (CNDH), y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en
los periódicos y gacetas oficiales de las entidades federativas, comentó.
Posteriormente los ochos grupos parlamentarios fijaron su
postura respecto al dictamen, en voz de los diputados Martha Sofía Tamayo
Morales (PRI), Jorge Triana Tena (PAN), Rafael Hernández Soriano (PRD),
Ernestina Godoy Ramos (Morena), Sofía González Torres (PVEM), José Clemente
Castañeda Hoeflich (MC), Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) y Norma Edith Martínez
Guzmán (PES).
La diputada Tamayo Morales (PRI) afirmó que esta ley busca
dar sustento jurídico a las Fuerzas Armadas, pero además “se combate la
corrupción y la opacidad, se distingue entre seguridad interior y seguridad
pública, y se establecen los procedimientos del Ejecutivo federal para realizar
las declaratorias”.
El diputado Triana Tena (PAN) afirmó que su grupo
parlamentario está en contra de esta ley porque las Fuerzas Armadas no están
preparadas para realizar labores policiales, y además porque se pusieron oídos
sordos a las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil y organismos
internacionales que han advertido de los riesgos de mantener a las Fuerzas
Armadas en las calles.
El diputado Hernández Soriano (PRD) sostuvo que la ley
constituye un verdadero atentado a la Constitución y que más 250 organizaciones
nacionales e internacionales han señalado que “puede dar origen a graves
violaciones a los derechos humanos, abusos y la desestabilización de la
democracia”,
La diputada Godoy Ramos (Morena) afirmó que la ley carece de
sustento constitucional, militariza el país y es contraria a las
recomendaciones de organismos internacionales, por lo que perpetuará el estado
de excepción y abonará al debilitamiento del nuevo sistema de justicia penal.
La diputada González Torres (PVEM) indicó que esta ley
ayudará a recuperar el orden constitucional y la estabilidad democrática,
además, establecerá “un marco jurídico que sea eficaz, para que cada una de las
autoridades comience a cumplir con la tarea que le toca”.
El diputado Castañeda Hoeflich (MC) aseguró que dicha ley no
cumple con el propósito de regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las
calles, porque “deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los
protocolos de seguridad interior”, lo que generará una ausencia total de
controles y contrapesos institucionales para el uso del poder.
La diputada Saldívar Paz (NA) sostuvo que la Ley de
Seguridad Interior garantiza que existan condiciones para que las Fuerzas
Armadas puedan actuar dentro de un marco legal definido y limitado, sin que
ellas tengan que realizar tareas de seguridad pública.
La diputada Martínez Guzmán (PES) señaló que la Ley de
Seguridad Interior “es una propuesta posible” para dar a las Fuerzas Armadas la
certeza jurídica que requieren a fin de que actúen con responsabilidad.
Posteriormente se pronunciaron en contra del dictamen los
diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC, Virgilio Caballero Pedraza y
Alejandro Ojeda Anguiano, de Morena, así como Omar Ortega Álvarez y David
Gerson García Calderón, del PRD.
A favor de la legislación se manifestaron los diputados
Arturo Álvarez Angli (PVEM), César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) y Manuel
de Jesús Espino Barrientos (sin partido).
El dictamen de la Ley de Seguridad Interior se elaboró con
base en dos iniciativas que presentaron, por una parte, los diputados priistas
César Camacho y Martha Sofía Tamayo Morales, y por otra, la diputada Sofía
González Torres (PVEM).
También se consideraron y analizaron cuatro iniciativas más,
dos que están en el Senado y dos que fueron presentadas en la Cámara de
Diputados, pero que ya precluyeron o fueron retiradas.
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