De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Repite los argumentos anticubanos del 31 de enero de 1962 el
actual secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Leonardo Almagro Lemes, ahora,
contra Venezuela. Este martes 2 de mayo en Washington, descalificó la facultad
del presidente Nicolás Maduro Moros para convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente.
Arcano Radio, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de
América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, les
compartimos el mensaje del uruguayo Luis Leonardo Almagro Lemes, secretario general
de la OEA sobre la situación en Venezuela:
Venezuela sufre una grave alteración de su orden
constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos
sus principios fundamentales.
La violación de la Constitución es el problema venezolano.
Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su
legado, a partir de un fraudulento llamado a una Asamblea Constituyente.
El régimen ya ha violado la separación de poderes, las
libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de
sus ciudadanos, ha violado la independencia del poder judicial, y los derechos
sociales de su pueblo, que no accede a sanidad ni alimentos.
Asimismo, ha violado el principio de justicia con el
asesinato impune por parte de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de
ciudadanos que manifestaban pacíficamente; ha violado los derechos electorales
de su pueblo, negándole el referéndum revocatorio y las elecciones regionales;
ha violado la probidad republicana con sus gobernantes enriquecidos en un
sistema de corrupción impune, han violado la soberanía sobre sus recursos
naturales, permitiendo y fomentando el saqueo indiscriminado.
Ahora se busca consolidar este régimen autoritario.
Dice la Constitución de la República Bolivariana en su
artículo 347 que "El pueblo de Venezuela es el depositario del poder
constituyente originario. En ejercicio de dicho poder [el pueblo], puede
convocar una Asamblea Nacional Constituyente…".
La propuesta que se formule debe contener las "bases
comiciales", es decir, la precisión de la misión y los poderes de la
Asamblea Constituyente propuesta, así como su duración y la forma de integrarla
y de elegir a los constituyentes. Esto sólo puede realizarse conforme a lo
previsto en la Constitución, es decir, mediante sufragio universal, directo y
secreto, que es la base de la expresión de la soberanía del pueblo.
En Venezuela, el Presidente de la República tiene iniciativa
para convocar, pero el poder de convocatoria es del cuerpo electoral del país.
Quien puede convocar una Asamblea Constituyente es el pueblo exclusivamente, el
único que cuenta con el poder constituyente originario. La solicitud de
iniciativa a una Constituyente y las bases comiciales se deben someter a un
referéndum. El proceso constituyente debe contar siempre con la aprobación de
los electores para ser válido.
Y el pueblo debe responder integralmente, pues se conforma
por todos los electores, los titulares de derechos políticos considerados en su
globalidad, y no sólo componentes o sectores del mismo.
En ese sentido la propuesta anunciada es errada,
inconstitucional y fraudulenta.
La conformación de la Constituyente sólo con supuestos
representantes sectoriales viola los principios fundamentales de igualdad
política.
Una Asamblea Constituyente convocada sobre la base de la
discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen, es en
sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo.
Esta propuesta viola una vez más los más elementales
principios reconocidos en las normas interamericanas que a todos nos rigen,
aunque haya quienes deseen inconstitucionalmente desconocerlas: la igualdad
ante la ley de todos los ciudadanos, los derechos de elegidos y de electores,
el respeto a la separación de poderes, el sufragio universal y secreto, el
fortalecimiento de los partidos políticos. En suma: el respeto a los más
elementales derechos de los ciudadanos.
Una vez más, como lo hemos señalado repetidamente, como lo
resaltaron tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
como lo han dicho los Constitucionalistas venezolanos que hemos citado, el
gobierno venezolano atenta contra el respeto a los más elementales principios
que regulan un sistema democrático y afecta los derechos humanos de sus
ciudadanos.
Y todo ello sólo tiene un nombre en el derecho: un nuevo
golpe de Estado promovido desde la presidencia del país.
El análisis presentado por constitucionalistas venezolanos
es más que contundente al respecto.
Con la declaración expresa del artículo 347 de la
Constitución, ésta -siguiendo precisamente la experiencia de la Asamblea
Constituyente de 1999-, eliminó toda posibilidad de que un órgano del Estado
pueda “convocar” una Asamblea Constituyente: a partir de ese artículo, sólo el
pueblo puede hacerlo mediante referéndum.
Los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo
de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia
y el fraude a un pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla.
Con ese pueblo debemos unirnos para que haga suyo
definitivamente el derecho que le consagra la Carta Democrática Interamericana
en su artículo 1: el derecho a la democracia.
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