De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Expresa su preocupación la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) por el agravamiento de las condiciones de autogobierno/cogobierno
en centros penitenciarios de la República Mexicana, ante el aumento de internos
vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica,
quienes por lo general tienen el control de esos centros.
Para esta Comisión Nacional resulta inaceptable que haya
centros de reclusión donde algunas personas privadas de la libertad realizan
funciones de autoridad relacionadas con la administración, servicios y
operación de actividades de un centro penitenciario, mediante la imposición de
métodos informales de control, permitiendo el goce de privilegios y tratos
especiales, en detrimento de las condiciones de internamiento de la mayoría y
una apropiación indebida del abasto, de los insumos para la alimentación y
operación de los establecimientos, así como de los recursos autogenerados en la
institución.
De lo anterior se desprende la deficiencia en la
gobernabilidad de los centros de reclusión y, consecuentemente, la violación a
los derechos humanos, tales como los derechos a la integridad, a recibir un
trato humano y digno, a la tutela judicial efectiva y, por supuesto, a la
reinserción social.
Ante ese panorama, la CNDH emitió la Recomendación General
30/2017 sobre las Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros
Penitenciarios de la República Mexicana, misma que fue aprobada por el Consejo
Consultivo de este Organismo Nacional y dirigida a la Gobernadora y
Gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, al Secretario de Gobernación y al Comisionado Nacional de Seguridad.
En ella se evidencian la falta de condiciones de
gobernabilidad y se consideran situaciones como la normatividad que rige el
centro, personal de seguridad y custodia, respeto al debido proceso en la
imposición de sanciones disciplinarias, ejercicio de las funciones de
autoridad, actividades ilícitas, cobros indebidos y falta de capacitación del
personal penitenciario.
Las condiciones de autogobierno/cogobierno han sido
constatadas y documentadas también en diversos Informes y Recomendaciones
publicadas por la Comisión Nacional, y a través de los muchos recorridos por
los centros penitenciarios en los que se entrevistó a personas privadas de la
libertad, a personal de todos los niveles y se hicieron visitas a las
diferentes áreas para verificar las condiciones reales de los establecimientos
y de su funcionamiento, complementando los datos con la estadística de cada
centro.
Por ello, es inaceptable que se continúen con estas
prácticas, observadas en los últimos años en los Diagnósticos Nacionales de
Supervisión Penitenciaria, de la siguiente manera y de los que se da cuenta en
la Recomendación:
AÑO
|
CANTIDAD DE CENTROS VISITADOS
|
CENTROS CON CONDICIONES
DE AUTOGOBIERNO/COGOBIERNO
|
2014
|
153
|
63
|
2015
|
154
|
71
|
Por lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
recomendó, entre otros puntos, los siguientes:
Que se ejecute un programa de monitoreo permanente para
verificar el estado que guardan la seguridad y las condiciones de
gobernabilidad de todos los centros penitenciarios, y se instrumente un
programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma
integral, y se destine en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado
al sistema penitenciario para hacer frente a las necesidades de los centros de
reclusión, con apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario.
También, se incremente la plantilla del personal de
seguridad y custodia en los centros de reclusión que cuenten con un número
inferior al necesario y, de manera prioritaria, con los que se conducen bajo
condiciones de autogobierno/cogobierno, de conformidad con los perfiles
específicos del personal penitenciario; se impulsen los programas de rendición
de cuentas por parte de los órganos de control de cada dependencia y/o entidad
federativa, para erradicar prácticas que fomenten condiciones de autogobierno
y/o cogobierno en los centros penitenciarios y se desarrolle un programa
permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia.
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